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Yaneth Estrada
@caricheop
El Sindicato de Trabajadores de la ex Secretaria de Inclusión Social (SITRASIS), pidió al Presidente de la República, mantener su promesa de reinstalar a otras dependencias a 120 personas despedidas.
Los despidos, cerca de 500 en total, fueron producto de la supresión el 2 de junio de cinco secretarias (de Inclusión Social, Técnica, Gobernabilidad, Vulnerabilidad y Sustentabilidad), por propuesta del Presidente de la República y con votación unánime de su Consejo de Ministros.
El secretario general del SITRASIS, Orlando Silva, aseguró que el viernes pasado se reunieron con representantes del Gobierno, quienes les aseguraron que actualmente están haciendo un estudio “forense” sobre las plazas. Asimismo, comentó que en este grupo de despedidos hay empleados con más de veinte años de servicio, algunos contratados incluso desde el mandato del ex Presidente José Napoleón Duarte.
“Documentación (sobre el reinstalo) no hay, pero si hemos estado hablando con personeros del Gobierno, para mantener la posibilidad del reinstalo. El llamado es para que se haga lo más pronto posible, porque como pueden ver nosotros permanecemos en las calles”, dijo el
represente sindical.
Con fe en Dios
Sentada en una silla dañada, estaba Carolina de Mejía, una de las empleadas despedidas, relató que a pesar de las notificación del presidente de la República y el cierre oficial, ella sigue llegando a las instalaciones de la SIS desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.
“Con la fe en Dios aquí estamos esperando la promesa del presidente, estos diecinueve días nos hemos presentado a firmar un cuaderno, para que no se nos acuse de abandono laboral, aquí pasamos en la calle o aceras”, explicó.
La esperanza para esta mujer y madre, es como muchos otros, lograr un reinstalo en el Ejecutivo lo más pronto posible.
Sin embargo, la semana pasada se reveló que el Presidente de la República, Nayib Bukele, envió a través del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, una propuesta de modificación a la Ley de Salarios de Casa Presidencial a la Asamblea Legislativa, donde se contempla la supresión de 694 plazas que tienen un costo anual de $11.3 millones.
