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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Arbitrariedades, abusos y atropellos dicen sufrir los empleados de la regional de San Vicente del Instituto de Medicina Legal (IML), y acusan a la directora Gladis Avilés, por lo que este viernes solicitaron el traslado para la sede de San Salvador.
Al menos 18 empleados de un total de 45 interpusieron un escrito ante la secretaría del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Oscar Armando Pineda Navas, alegando su inconformidad a la autoridad de la dirección de la regional de San Vicente de Medicina Legal.
“La doctora llegó en julio del 2015, desde ese momento inició una persecución. Tenemos compañeros demandados ante el Tribunal por ella misma, coaccionando a otros compañeros bajo amenazas para que testifiquen contra los mismos compañeros. Queremos pedir el traslado de nosotros para poder hacer bien nuestro trabajo”, dijo Germán Barahona, uno de los demandantes.
Barahona afirmó que el ambiente laboral dentro de la regional de San Vicente se ha vuelto hostil y lesivo de parte de la directora hacia los empleados. En dicha regional de Medicina Legal hay 45 empleados, la mayoría se encuentra inconforme por la jefatura de Avilés.
Y es que entre las denuncias se encuentra que no concede permisos personales de trabajo. Ha establecido restricciones de comunicación entre los mismos compañeros de trabajo. Prohibición de alimentación en horas de trabajo.
Además, los empleados denuncian que Avilés “pone en tela de juicio cualquier incapacidad médica y hasta es objeto de investigación en el Seguro Social o si es extendida por médicos particulares”, agregó.
En relación a la demanda interpuesta por la directora contra tres empleados, Víctor López, uno de los demandados, explicó: “estamos demandados por ella, ya el proceso va a vista pública, por supuestos, porque ella cree o se imagina. Además, existen otras acciones realizadas por ella, como una fiesta el año pasado donde movilizó insumos con vehículos nacionales”.
“Hay una serie de irregularidades que esperamos que la Corte Suprema de Justicia las investigue, para que se remueva del cargo a la persona que debe ser. La persona que no está fungiendo bien”, agregó López.
De acuerdo a los empleados, hay hechos comprobados realizados por la jefa regional, como denigrar a un empleado llamándole “analfabeta” por no contar con un título universitario.
