Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Desde tempranas horas de la mañana de este jueves, decenas de empleados, miembros de diferentes sindicatos de instituciones públicas paralizaron labores y cerraron los accesos hacia la Asamblea Legislativa, como muestra de rechazo al anteproyecto de Ley de la Función Pública, una normativa que a su juicio provocará despidos injustificados en el aparato estatal.
Los sindicalistas, afirmaron que una de las principales afirmaciones de la iniciativa de ley respecto a terminar con el nepotismo es una falacia, y por el contrario, legalizará esta práctica al regular las plazas de confianza que un funcionario público puede contratar según la cantidad de empleados de la institución que dirija.
“Con esta ley están garantizando la estabilidad laboral para las personas de confianza. En uno de sus artículos dice: que si una institución tiene 500 empleados puede contratar 5 de confianza y así sucesivamente, es decir, están legalizando el nepotismo”, dijo Roberto Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores
Salvadoreños (CNTS).
Gómez agregó que la legislación propuesta en la Asamblea Legislativa, es una medida propuesta por organismos internacionales, la meta 6 del asocio para el crecimiento Fomilenio II que la plantean como un requisito para destinar fondos al gobierno. El dirigente sindical, consideró que la necesidad del gobierno de recibir fondos de organismos internacionales se solucionaría si se llevara a cabo una administración tributaria con equidad, para que tanto empresario como población en general paguen sus impuestos y así acabar con la evasión y elusión fiscal.
“Tenemos datos precisos de empresarios que evaden impuestos y al instalarse las CICIES, presentaremos estos documentos ante esa instancia para que se investigue a los evasores, nosotros creemos que eso debe acabar y ejercer una distribución de la riqueza con equidad”, afirmó el dirigente sindical.
Las organizaciones sindicales, sostuvieron que el paro de labores en las instituciones del Estado, responde a llamar a los diputados a legislar para la población en general y no para beneficiar a quienes ostentan el poder económico en el país.
A la suspensión de labores también se unieron empleados de la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Universidad de El Salvador, entre otros, quienes también se declararon en contra de una posible privatización del agua, mediante el predominio del sector privado en el ente rector de la Ley de Aguas y aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
“Estamos en contra de que se apruebe la privatización del agua en esta Asamblea Legislativa, y de igual forma rechazamos que se suba dos puntos más al IVA, eso sería fatal para la economía salvadoreña, también exigimos una pensión digna”, externó Luis Ortega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL).
Las organizaciones sindicales, sentenciaron que si los diputados impulsan estas tres acciones llevarán a cabo un paro de labores a nivel nacional para exigir respeto a los derechos de la población y destacaron que el cierre de las fronteras desarrollada hace unos días es una muestra del poder de los trabajadores organizados.