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Redacción Nacionales
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Los trabajadores de la empresa subcontratada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) encargada de la construcción del paso a desnivel en el Redondel Integración, cerraron el paso vehicular la mañana de este lunes como medida de presión porque desde hace tres meses no reciben el salario completo, ni pago de horas extras.
La acción por parte de los trabajadores complicó durante varias horas el tráfico sobre el bulevar Constitución, hacia el Redondel Integración y la carretera a Quezaltepeque, sin embargo, el paso fue habilitado en ambos sentidos luego que un empleado del MOP les expresó que a partir de ese momento comienza la resolución a la problemática por el impago de salario.
“Habrá algo legal, porque aquí nadie está jugando, respeto los derechos que ustedes tienen, pero estamos irrespetando los derechos de la gente que está colapsada en Apopa, habilitemos el paso y si ustedes quieren hacer un paro laboral háganlo, pero habiliten el paso”, expresó el empleado del MOP que llegó a persuadir a los trabajadores que exigen el pago de sus salarios.
Los trabajadores cruzaron los camiones impidiendo el paso para quienes pretendían entrar a San Salvador por Apopa, Nejapa y Quezaltepeque, el paso fue habilitado, sin embargo, los empleados continuaron con el paro de labores hasta tener una respuesta favorable y les cancelen el salario adeudado.
El MOP informó en redes sociales que junto al Ministerio de Trabajo harán cumplir las leyes, para que ninguna empresa constructora incumpla con los derechos de los trabajadores.
El MOP adjudicó a la empresa costarricense Constructora Meco, S.A. los trabajos en el paso a desnivel del Redondel Integración por más de $38 millones, las obras de la empresa incluye la extracción de 22 mil metros cúbicos de tierra provenientes de la recarga hídrica del río Chacalapa. En El Salvador, la empresa tica ha obtenido contratos para construir al menos seis obras estatales que suman alrededor de $74.9 millones
Meco S.A. fue fundada en 1977 por Carlos Enrique Cerdas Araya, quien es procesado en Costa Rica por pago de sobornos a cambio de ganar obras con el gobierno de ese país. Desde 2019 la empresa es investigada por la justicia costarricense como presunta distribuidora de sobornos y dádivas a funcionarios públicos.
