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Alfredo Bukele interpuso ante la Fiscalía General de la República un aviso de hechos, contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Foto Diario Co Latino / Josué Parada

Empresario pide se investigue a Magistrados de la Sala de lo Constitucional

@JoakinSalazar

La apertura de una investigación contra la Jueza Tercero de lo Mercantil y contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional, buy viagra solicitó al mediodía de ayer, viagra el empresario Alfredo Bukele Simón, ante la Fiscalía General de la República (FGR), presuntamente por vulnerar sus derechos constitucionales y por realizar acciones de “prevaricato”, al dar una resolución arbitraria, lo que llevó a beneficiar a una empresa transnacional.

 Bukele hizo la petición a través de un “Aviso de Hechos”, en la que pide a la FGR realice una investigación de la resolución tomada por la Jueza  Tercero de lo Mercantil, Ana María Cordón, y los magistrados de la Sala de lo Constitucional Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sídney Blanco y Rodolfo González.

“Yo no vengo a denunciar, sino que a pedirle al señor Fiscal que investigue los hechos delictivos que se han cometido en este caso, es decir, un aviso de hechos”, explicó Bukele.

 De acuerdo con el empresario Bukele, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia que no fue basada en ninguna base doctrinaria, por lo que lleva a una resolución “injusta” con ignorancia inexcusable de ley, cometiendo así el prevaricato.

El empresario busca que se investigue el caso de la sociedad que representa, La Asunción S.A. de C.V. contra la transnacional Distribuidora Shell S. A. El conflicto entre ambas empresa inició cuando la transnacional rompió relaciones comerciales con la Asunción, en enero de  1982, cuando al transnacional terminó unilateral el contrato.

Según el demandante, dicho proceso culminó en noviembre de 1986, cuando la Sala de lo Civil decretó no ha lugar el recurso de Casación interpuesto por la empresa Transnacional. Por lo que la resolución fue a favor de la sociedad La Asunción.

 Sin embargo, la Shell interpuso una demanda de amparo contra el Juez de Primera Instancia y magistrados de Cámara, hecho que llevó a la Sala de lo Constitucional (1989 – 1994) a determinar que existía retroactividad de la aplicación del Código de Comercio – sin haberlo-  por lo que decretó la extinción de la sentencia contra la Shell.

Tras apelar la decisión, el caso volvió al Juzgado Tercero de lo Mercantil con la Jueza Cordón Escobar, quien estableció “ha lugar”, el pago de indemnización por daños y perjuicios,  en la que no incorporó los perjuicios que señala el Código de Comercio, donde su resolución beneficia únicamente a la Distribuidora Shell.

Con la negativa de la jueza de hacer valer el derecho de la sociedad La Asunción, el demandante optó por un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional que resolvió en abril del año 2010,  en el que resolvieron sin “leyes que justifiquen”, declararon improcedente la demanda de amparo, alegando que el Juez puede determinar cuanto es la cantidad de liquidación, lo que Bukele considera arbitrario.

 Ante esta situación, Bukele explicó “He puesto un aviso ante la FGR porque es de los últimos recursos que hoy me quedan, porque no quieren hacer justicia, yo no tengo acceso a la justicia”.

 Además, agregó que la denuncia no es un caso político, puesto que es estrictamente jurídico, dado que tiene  33 años y medio de llevar el proceso en la Corte Suprema de Justicia. “El caso está plagado de corrupción de principio a fin, lo puedo demostrar”, comentó.

 El empresario denunció que existen diversas anomalías dentro del proceso, en su caso ha habido un juez que fue “juez y parte”, por ser  magistrado de sala y  abogado de la distribuidora Shell; asimismo, denunció que el abogado representante de la sociedad La Asunción,  Oscar Santamaría que pertenece al COENA, escondió la ejecutoria de ley y no apeló la decisión de la Jueza.

Alfredo Bukele espera que la FGR y el Fiscal General de la República (FGR) haga valer su derechos constitucionales y que investigue si hubo o no prevaricato por parte de la Jueza y los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

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