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Ciudad de Panamá / AFP
Juan José Rodríguez
Dirigentes de las principales asociaciones empresariales en Panamá rechazaron el miércoles los discursos de odio contra extranjeros, tras la presentación de un proyecto de ley que pretende deportar migrantes por ofender o desplazar laboralmente a panameños.
«Es preocupante este tipo de discursos que se está viendo recientemente. Panamá ha sido tradicionalmente un país que invita a los extranjeros», dijo a la AFP Jorge Juan de la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, el mayor gremio empresarial del país centroamericano.
«Parte de este crecimiento importante que hemos tenido estos últimos años ha sido producto de que han venido extranjeros a Panamá a invertir a gastar, hacer turismo y a consumir», añadió.
El temor de los empresarios se produce tras la presentación ante la Asamblea Nacional de un anteproyecto de ley impulsado por la diputada oficialista Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (socialdemócrata).
La iniciativa propone la deportación de extranjeros que «manifiesten públicamente ofensas e insultos hacia la nacionalidad panameña» o a los que realicen «directa o indirectamente el ejercicio de una profesión reservada para «los nacionales panameños», como por ejemplo la abogacía, la medicina, la venta ambulante, entre otros.
Los empresarios están de acuerdo con ordenar la migración, pero temen que una política migratoria restrictiva pueda afectar la economía, la llegada de nuevas inversiones y de profesionales con nuevos conocimientos.
El anteproyecto en su conjunto «podría impactar negativamente nuestra imagen internacional que ya está afectada», advirtió a la AFP el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Severo Sousa.
Es «necesario» tener una política migratoria «adecuada», pero «no tiene sentido combinarlo con discursos extremistas que fomentan odio y xenofobia», argumentó.
– «Un contrasentido» –
La economía panameña creció entre 2001 y 2013 un promedio anual de 7,2%, lo que la convirtió «en una de las economías de más rápido crecimiento de todo el mundo», según el Banco Mundial.
Con un Canal interoceánico, por el que pasa el 5% del comercio mundial, un sistema financiero con más de un centenar de bancos, zonas francas, puertos y aeropuertos, Panamá es visto por muchos inversionistas extranjeros como un centro logístico de conexión con América Latina.
Esos sectores aportan casi la mitad del Producto Interno Bruto del país, que recibió el año pasado 5.100 millones de dólares de inversión extranjera directa y 24.000 millones entre 2014 y 2018.
Esa expansión económica hizo que muchos migrantes vieran en Panamá una oportunidad laboral, pero ahora la economía se desaceleró hasta el 3,1% y el desempleo alcanzó el 6%, con casi la mitad de los trabajadores en la informalidad.
El presidente Laurentino Cortizo ha manifestado que uno de sus principales retos es mejorar la imagen del país para atraer mayor inversión extranjera que permita acelerar la economía y reducir el desempleo.
«La verdadera pregunta es si el ejecutivo está de acuerdo con lo que está planteando la diputada Rodríguez porque son del mismo partido. Uno dice que hay que motivar y atraer inversión extranjera y la otra dice que hay que sacar extranjeros», dijo a AFP el analista Edwin Cabrera.
«Es un contrasentido», añadió.
– «No podemos cerrar las puertas» –
Durante la primera mitad de año, Panamá otorgó 9.000 permisos de residencia a extranjeros, principalmente venezolanos, colombianos y chinos. Entre 2010 y 2018 aprobó 150.000 solicitudes, además de 125.000 a través de diferentes regularizaciones masivas.
El anteproyecto de ley ha provocado el aumento de los discursos xenófobos contra los migrantes, a los que se acusa de «robar» el trabajo a los panameños, por desarrollar actividades restringidas por ley para los extranjeros, competencia desleal, insultar a los locales y el presunto aumento de la delincuencia.
El gobierno panameño, que tardó una semana en reaccionar, se ha desvinculado del proyecto, aunque no ha dicho que lo vaya a vetar en caso de ser aprobado por la Asamblea.
El vicepresidente, José Gabriel Carrizo, manifestó que el gobierno trabaja en una ley migratoria que defienda «los intereses nacionales», pero «sin provocaciones de rechazo, de odio y sin discriminar».
«No podemos cerrarnos a los extranjeros, claro hay que poner orden, pero no es cerrando completamente las puertas», indicó de la Guardia.
«Nos hemos forjado como país acogiendo muchísimos extranjeros que en buena lid y apego a las normas han jugado un papel protagónico», recordó Sousa.
