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Redacción Nacionales
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Las empresas mineras han vuelto a poner sus ojos en el subsuelo nacional. Una investigación periodística reciente de Revista Elementos confirma la presencia de personeros de empresas extractivas interesadas en explotar minerales preciosos en la zona norte del país.
Las compañías mineras regresan a pesar de que existe una ley que prohíbe expresamente cualquier actividad de minería metálica en el país, normativa que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017.
En febrero de ese mismo un año, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) también avaló la decisión del Estado salvadoreño de no otorgar permisos de explotación minera y rechazó las demandas presentadas por la australiana Pacific-Oceana Gold y la estadounidense Commerce Group.
Tombstone Company (Nueva Esperanza) y la minera Titán
Revista Elementos encontró que la empresa Nueva Esperanza, que promueve proyectos en algunas comunidades de Cabañas, es propiedad de Víctor Samuel Wilson Canessa y Blane William Wilson. Este último es el representante en Centroamérica de Titan Resources Limited, una transnacional de origen estadounidense dedicada a la extracción de oro y plata que tiene sucursales en Honduras y en Perú.
Blane William Wilson también es presidente de la transnacional Fire River Gold Corp, registrada en Canadá y Estados Unidos, también dedicada a la extracción de oro, plata y otros minerales.
Antes de 2022, Nueva Esperanza se llamaba Tombstone Company y en su balance financiero de ese año declara que “está desarrollando proyecto en el área de tecnología, mercadeo social y tendencias que permitan a la empresa vender un producto, varios productos o paquetes de servicios o propiedad intelectual a inversionistas locales o extranjeros”.
Sin embargo, en su acta de constitución, Tombstone Company admite que lo suyo es la elaboración de estudios geológicos, análisis de suelos, consultorías en todas las ramas de la geología y construcción de todo tipo. Afirma que sus estudios implican la descripción de las condiciones del sitio, investigación de superficie, mapa geológico general con base topográfica, detalles de los procesos geomorfológicos, análisis de laboratorio, entre otros.
Agrícola San José y los terrenos con potencial minero
La investigación periodística también encontró vínculos entre Tombstone Company (Nueva Esperanza) con la sociedad Agrícola San José, la propietaria de terrenos con potencial minero en el distrito de San Isidro, incluido el predio del cantón San Francisco El Dorado donde estaba asentada la empresa Pacific Rim.
Tombstone Company (Nueva Esperanza) ha hecho préstamos a Agrícola San José y ambas entidades tienen la misma sede en San Salvador. La administradora propietaria de Agrícola San José es Hazel Yolanda Castillo de Ventura, quien desde 2022 se desempeña como oficial de información del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y también representa a empresas salvadoreñas y hondureñas que operan en el país.
Un dato interesante es que, tanto Tombstone Company (Nueva Esperanza) como Agrícola San José, son financiadas por el Banco Atlántida, subsidiaria de la casa matriz Grupo Financiero Atlántida de Honduras, a cuyo favor están las hipotecas de los terrenos adquiridos por Agrícola San José.
Las señales de la reactivación minera
Revista Elementos confirma lo que miembros de comunidades y organizaciones de Cabañas venían denunciando: la presencia de supuestos personeros de empresas mineras promoviendo la construcción de invernaderos y reservorios de agua, financiando equipos de fútbol y otras iniciativas con las que estas empresas buscan ganar apoyo social para sus proyectos extractivos.
Las organizaciones también consideran como señales de la posible reactivación de la minería el ingreso de El Salvador al Pánel Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, por sus siglas en inglés)en mayo de 2021; así como también la aprobación de una nueva Ley de Creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, en octubre del mismo año, normativa que incluye la minería metálica a pesar de estar proscrita en otra ley.
Además, el hecho que en el presupuesto estatal de 2023 se incorporó una partida de 4.5 millones de dólares para “revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería”, sin que hasta esta fecha se conozca públicamente algún resultado de dicho proceso.
Finalmente, consideran que la detención y enjuiciamiento de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES tienen como trasfondo las intenciones de retomar proyectos mineros, dado que ellos jugaron un rol importante en la aprobación de la ley antiminera y actualmente son actores importantes del movimiento ambiental.
Silencio gubernamental ante la denuncia
A pesar de la denuncia de las organizaciones, el gobierno guarda silencio sobre los señalamientos de que quiere reactivar la minería. Ni el Ministerio de Economía, ni el de Medioambiente, ni el mismo presidente inconstitucional Nayib Bukele se pronuncia.
Frente a la publicación de Revista Elementos únicamente la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES Santa Marta) llamó la atención sobre el peligro que representan los proyectos mineros. “Investigación periodística confirma que intereses extractivistas nuevamente amenazan al medioambiente, la salud y la vida del país”, escribió la ONG en su cuenta de X.
https://x.com/ades_sm/status/
Según activistas y expertos, la minería metálica es la más nociva de las industrias extractivas, sobre todo por el uso intensivo del agua, la contaminación con cianuro, la generación de drenaje ácido y los accidentes mineros. Por tanto, advierten que -en un país territorialmente pequeño, densamente poblado y con un grave estrés hídrico como El Salvador- podría provocar un desastre ambiental de enormes proporciones.
