En 2024 se consumó la violación a la Constitución, a los DDHH y la falta de independencia de instituciones públicas 

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

Diversas organizaciones populares aglutinadas en el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) presentaron el balance político, económico y social 2024, en el que denunciaron que este año se consumó la total violación a la Constitución de la República, violación a los derechos humanos en el país y la falta de independiente de las instituciones públicas.

De acuerdo a las organizaciones populares con las elecciones de febrero de 2024 consumaron la total violación de la Constitución de la República, ya que se desarrolló un proceso totalmente contrario a las leyes y a la misma constitución que prohíbe un segundo mandato consecutivo, a ello se suman una serie de irregularidades denunciadas por la ciudadanía antes y después de las elecciones y en el escrutinio final.

De igual manera dijeron que el proceso electoral de marzo estuvo marcado por una serie de ilegalidades como la reforma al código electoral cuando el proceso ya había iniciado y la reducción de los municipios que dio ventaja al clan familiar de los Bukele.

“Este año se dieron las primeras elecciones desarrolladas, desde 1992, bajo un régimen de excepción, rompiendo totalmente con la esencia democrática de los procesos electorales. Con la toma de posesión el primero de junio de 2024 se consolida un régimen de facto en el país, un Gobierno que no está sustentado en norma constitucional o legal, por lo tanto carece de legitimidad generando graves consecuencias en la vida institucional y que día a día sufre toda la población las consecuencias de esta manipulación de las instituciones del Estado”, destacó el Bloque.

Las organizaciones destacaron que con el inicio del mandato de Bukele en 2019, se ha generado una dinámica de persecución política y muchas personas han tenido que salir del país debido a las amenazas por parte del Gobierno.

Asimismo, recordaron la captura arbitraria de los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, donde se acusó a excombatientes y veteranos de planificar supuestos atentados. Sin embargo, la verdadera razón, de acuerdo a las organizaciones, es por ser críticos del régimen de facto, bajo condiciones inhumanas y en estado de salud crítica, capturas que se dieron en contexto del régimen de excepción que está a punto de cumplir tres años.

El bloque remarcó que “queda más claro que este Gobierno responde a la oligarquía y al clan familiar (de Bukele) que utilizan las instituciones del Estado para favorecerse a sí mismos, a la oligarquía y a las transnacionales. Eso se confirma con la aprobación de un presupuesto que no responde a los alos intereses de las grandes mayorías y la recién aprobada ley de minería que afectará sin duda a toda la población generando”.

Respecto de los despidos masivos que se han dado en los últimos días, las organizaciones enlistaron 600 trabajadores del Ministerio de Cultura, 450 de alcaldía de San Salvador Centro y Sur, 900 en la Asamblea Legislativa, 981 del Ministerio de Salud, 400 de la Procuraduría General, 300 de la Policía Nacional Civil (PNC), 75 de oficinas de la Procuraduría de la Defensa de Derechos Humanos de La Unión, San Miguel y Santa Ana.

Agregado a ello, 14 trabajadores del Ministerio de Agricultura, 3 del Ministerio de Hacienda, 14 docentes despedidos, 5 del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, 62 del órgano judicial, 95 del Tribunal Supremo Electoral y 16 del CONAMIPE. Y 600 trabajadores que han sido informados que serán cesados de sus plazas del ISSS el 31 de diciembre.

De la suma total de despedidos, 471 personas fueron criminalizadas por asistir a la marcha blanca del 19 de octubre de este año, de acuerdo al informe que dieron las organizaciones.

María Inés Davila Medina, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico de la UES, habló de los desafíos en términos financieros que enfrenta la educación superior, porque el Gobierno no ha realizado las transferencias que se habían establecido en el presupuesto y esa deuda se mantiene hasta este momento cona más de $30 millones.

Ivania Cruz, de UNIDEC, señaló que ha sido un año más en el cual no se han cumplido los derechos humanos fundamentales de los salvadoreños en todos los ámbitos y en el cual a través del régimen se han dado capturas arbitrarias persecución política, y se refleja en el gran número de personas detenidas de forma arbitraria.

De acuerdo a Cruz, existe una falta de independencia en las instituciones públicas, como también en las órganos estatales, en la administración de justicia, por los “jueces sin rostro al servicio de Bukele”, que atentan contra el debido proceso, garantías judiciales y derechos humanos.