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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Estado salvadoreño estuvo frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tercera vez, en una audiencia pública, para abordar los cuestionamientos surgidos por la permanencia del régimen de excepción, la situación de personas inocentes capturadas y el fallecimiento de otras, bajo la responsabilidad autoridades penitenciarias estatales.
Más de 6 mil 436 denuncias de abusos y vulneraciones a derechos humanos durante el régimen excepción, documentadas por un colectivo de organizaciones de defensa de derechos humanos, fueron presentadas en la audiencia pública en el 187 período de sesiones de la CIDH.
“Detenciones arbitrarias o ilegales, abuso de autoridad, tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas y muertes bajo custodia estatal son algunas de las denuncias expresadas ante la CIDH por familiares de las víctimas”.
Las denuncias describien cada una las graves vulneraciones a la ciudadanía inocentes detenidas y también las amenazas a personas defensoras y periodistas, señalando que en el día 475 del “estado de excepción”, se avecinaba la décimo sexta prórroga, dijo Gabriela Santos, del IDHUCA.
Esta situación no es ajena para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el pasado mes de abril “urgió” al Estado salvadoreño a restablecer los derechos y garantías suspendidas desde hace un año por el régimen de excepción.
La CIDH observó con preocupación que este decreto legislativo, suspende derechos y garantías (artículo 12 , inciso 2) referidos al derecho de la persona que es detenida de ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y las razones de su detención, también su derecho a no ser obligado a declarar y de contar con asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares judiciales.
Asimismo, el artículo 13, inciso 2, que trata sobre el plazo de horas máximo de una detención administrativa, que son 72 horas (3 días), y la presentación de la persona detenida ante un juez competente dentro de ese plazo con las diligencias que hubiesen practicado.
Ese decreto también suspende las garantías constitucionales (artículo 24) , sobre la inviolabilidad de las correspondencia de toda clase, así como las consecuencias de las intervenciones ilegales en las telecomunicaciones.
En el pronunciamiento del pasado abril, la CIDH le recordó al Estado salvadoreño, que estas medidas son estrictamente de “carácter excepcional” y por tanto limitadas a las exigencias de la situación por la que fueron decretadas, las que están relacionadas a la baja de los homicidios en el país, y que según algunos analistas este año ha llegado a una tasa de 1.9 a 2.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, que representa una disminución superior al 60%, al compararlo con los años 2021 y 2022.
Sobre esta “concentración absoluta del poder y la ausencia de controles en El Salvador”, Santos, del IDHUCA, señaló que esto deriva en la falta generalizada de garantías que se visualiza en detenciones arbitrarias, la falta de debido proceso, la inexistencia del derecho a defensa, las garantías judiciales, torturas y condiciones precarias y muertes en centros de detención, estas últimas sin investigación.
Las organizaciones compartieron cifras de la cantidad de capturas durante el régimen como las 71 mil 479 personas detenidas, a las que el gobierno las califica de “terroristas”, dejando invisivilizados miles de casos de personas inocentes que fueron capturadas por miembros de la Policía Nacional Civil, situación que impactan también a sus familiares que enfrentan las vulneraciones de las autoridades policiales y judiciales.
De acuerdo con las organizaciones pro derechos humanos, cerca de 20 mil de los capturados son inocentes, es decir, no son parte de los grupos de pandilleros.
El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, en su intervención ante la audiencia de la CIDH, aclaró que no había “recibido ninguna denuncia de tortura o tratos degradantes”, al referirse a los fallecidos durante el régimen de excepción y en manos de las autoridades penitenciarias.
“La tasa de fallecidos ha sufrido una reducción del 50%”, acotó, en respuesta ante los señalamientos, sin mencionar los 142 casos que el fiscal Delgado afirmó haberlos archivado por carecer de fundamentos para ser investigados.
La comisionada Julissa Mantilla Falcón, relatora de Derechos de las Mujeres de la OEA, cuestionó al Estado salvadoreño sobre las mujeres en detención, sobre las medidas de implementación de un proceso de reparación para personas liberadas aduciendo al “margen de error” de las capturas masivas y la investigación de los 142 casos de muerte en los penales que fueron archivados por la Fiscalía salvadoreña.
Otro cuestionamiento fue del comisionado Joel Hernández, quien preguntó qué pasos se están dando para implementar el Protocolo Facultativo y aplicar la Convención contra la Tortura, que tampoco fue respondido por los representantes del Estado.
En cuanto a la permanencia del régimen de excepción, Elmer Castro, en representación del Estado salvadoreño, refirió que aún continuarían con esta medida porque existía “la amenaza de reagrupación de estas estructuras criminales” y, por tanto, estaban tras algunos líderes fundadores para efectuar sus capturas.
Sobre la falta de respuestas por parte del Estado salvadoreño ante las denuncias interpuestas por el colectivo de organizaciones, Zayra Navas, abogada de CRISTOSAL, lamentó que los agentes del Estado no dieran el reconocimiento que deben a una Audiencia con la CIDH, al mencionar, que sólo llegaron con un “discurso reiterado que es parte de la propaganda gubernamental”, dijo.
“Esa propaganda gubernamental que dice que El Salvador es un país seguro, un país alegre… pero no es el país en el que vivimos todas y todos los salvadoreños. Vivimos en pobreza con inseguridad y todavía la gente es desplazada y hay muchas otras cosas”, acotó.
“La Audiencia fue convocada por la situación de las violaciones graves ocurridas bajo el contexto del régimen de excepción, las muertes, las torturas, las víctimas inocentes del régimen de excepción, además esta audiencia fue convocada por las graves amenazas a personas defensoras y periodistas y, sobre esto no dijo nada el Estado salvadoreño”, cuestionó Navas.
Los comisionados de la OEA solicitaron como primera medida una “nueva visita oficial” a El Salvador, para poder verificar la situación real que vive la población salvadoreña bajo el régimen de excepción.
La presentación de las denuncias fueron documentadas por las organizaciones: Amnistía Internacional, OMCT, CRISTOSAL, DPLF, Mesa por el Derecho a Defender Derechos, CEJIl, APES, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, FESPAD, Front Line Denfenders, IM-Defensoras, IDHUCA, Organización Mundial contra la Tortura, Red Salvadoreña de Derechos Humanos y el SSPAS.
