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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López, manifestó que la ausencia de transparencia de las instituciones del Estado limita a la población para que puedan ejercer sus derechos
“En El Salvador la transparencia está en coma y podría estar peor, lo vimos la semana pasada cuando los portales de transparencia no funcionaban, El Salvador enfrenta una crisis de opacidad, hay instituciones que están peor porque ni siquiera está disponible la información oficiosa, como la Fiscalía General de la República (FGR), aunque no es la única, todas las instituciones están en situación crítica”, enfatizó.
La población salvadoreña normaliza los actos de corrupción y además no las denuncian, a esto se le agrega el miedo que puedan sentir las personas de denunciar este tipo de casos.
Según la abogada, la corrupción no solo ocurre a un alto o bajo nivel, sino que hay una corrupción sistémica lo cual no solo afecta la credibilidad de la función pública, las personas identifican que no se les va a resolver sus problemas, como está pasando con las alcaldías y la dirección de obras municipales.
“Uno puede advertir tres carriles de ataques hacia las organizaciones de sociedad civil, el ataque institucional donde se usan las instancias públicas, ataque desde la desinformación para deslegitimar y ataque personal”, reiteró durante el conversatorio Cómo la falta de transparencia afecta a mi futuro.
En el último informe de “Índice de Percepción de la Corrupción” (IPC), El Salvador acumula tres años de caídas consecutivas hasta alcanzar una puntuación de 31 sobre 100 en 2023, en una escala donde 0 es muy corrupto y 100 muy transparente.
El periodista Edwin Segura consideró que el gobierno entre más oculte una información, más valor noticioso le va a dar porque en las verdades a medias estará la novedad.
“Los periodistas no le aplaudimos a los funcionarios, lo que buscamos son respuestas para someterlas al escrutinio, hay mucha información reservada que no debería estarlo de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)”, aseguró.
La investigación de Voz Pública, sobre el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la obra más conocida de la gestión del presidente Nayib Bukele y cuya información se declaró reservada por siete años, reveló que el gobierno presupuestó $135 millones para construir el megapenal, además de que las empresas se escogieron por contratación directa, sin procesos mínimos de competencia.
Varias de esas constructoras fueron seleccionadas “a dedo”, en otras obras como el Hospital El Salvador, la remodelación de los edificios de la UES para los Juegos Centroamericanos y el hospital veterinario Chivo Pets.
