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Gloria Silvia Orellan
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“Nuestra posición es firme, y decimos que el deterioro de los espacios democráticos en El Salvador se han venido agravando últimamente. Y este cierre de los espacios democráticos, es un mecanismo al que siempre acuden las dictaduras”, dijo Alfredo Leiva, directivo de ADES.
La represión gubernamental tiene el objetivo de “reprimir y desalentar” a las personas defensoras o los que protestan contra el gobierno en defensa de los territorios y sus derechos, añadió.
Leiva asistió a la presentación del Informe Defensoras y Defensores Ambientales: Redes del Cuidado frente a la Criminalización Estudio de los casos “Los defensores de Santa Marta y Caso Silverio Morales”.
Actualmente se desarrolla campaña de solidaridad con los ambientalistas de Cabañas, integrada por: Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, directivos de ADES y líderes comunitarios. La campaña inició el 22 de septiembre y concluirá 4 de octubre del presente año.
Para Alfredo Leiva, con la captura de los cinco ambientalistas, ocurrida la madrugada del 11 de enero de 2023, se da en el marco de la intención gubernamental de “reactivar la minería metálica en El Salvador”. Estos cinco defensores ya habían denunciado estos indicios en los territorios de Cabañas.
“Seguimos denunciando la intención de reactivar la minería, que se refleja en la asignación de presupuesto al Ministerio de Economía, para revisar y actualizar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica; el unirse a un Panel Internacional de países que promueven la minería metálica y la reforma a la Ley Dirección de Hidrocarburos y Minas, entonces allí, hay esas intenciones”, afirmó Leiva.
“Además, existe un -lobby- que están haciendo las empresas mineras con la población de Cabañas. Y tenemos documentos que afirman la compra de terrenos que antes fueron de la Pacific Rim, comprados por la Agrícola San José, una filial de Titán Resources, empresa minera estadounidense. Eso es lo que hay detrás de la captura de los compañeros”, aseveró Leiva.
Gobierno allana camino a empresas para no encontrar resistencia en territorios
Sobre el trabajo de los ambientalistas de Cabañas, agregó Leiva, estos han jugado un papel importante en “organizar la resistencia”, en la primera década de la lucha por la prohibición de la minería en el país.
“Uno de los detenidos es el director ejecutivo de ADES, el otro es asesor jurídico y los otros 3 son líderes comunitarios que estuvieron activos durante el proceso que llevó a la prohibición de la minería metálica en el 2017”, expresó.
“El caso contra ellos, es un hecho construido, precisamente para justificar la detención, porque lo que tienen (Fiscalía) es que hubo una desaparición de una persona durante el conflicto, entonces, no se sabe ¿qué pasó con ella?, o ¿quiénes estuvieron involucrados en su desaparición?”, reafirmó Leiva.
No obstante, lo que consideró más grave es que en la construcción de “ese relato”, con la intención de culpabilizar a sus compañeros, los están acusando de privar de libertad, asesinar y asociarse ilícitamente de la supuesta persona que menciona la Fiscalía General de la República.
“Esto es peligroso porque pretende montar un precedente para que puedan perseguir a más opositores en el futuro. Y las personas que se dedican a defender derechos humanos”, sostuvo.
“Nuestros compañeros están en arresto domiciliario desde septiembre de 2023, hemos podido hablar con ellos y claro durante su estancia en el sistema penitenciario su salud se ha deteriorado, son personas mayores que tienen enfermedades degenerativas y podemos decir, que pese a estar estables, demandan atención médica”, señaló Leiva.
La criminalización impacta a las familias y comunidades
Gabriela Solórzano, investigadora que presentó el informe Defensoras y Defensores Ambientales: Redes del Cuidado frente a la Criminalización Estudio de los casos “Los defensores de Santa Marta y Caso Silverio Morales”, afirmó que el objetivo de este documento responde a la necesidad de exponer una “mirada alternativa a la situación de las personas defensoras”, y comprender cómo este proceso ha generado impactos profundos en distintos ámbitos de la sociedad.
“Como Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador, en el contexto de visibilizar a través del caso de los líderes defensores de ADES y Santa Marta y del proceso de Levi Morlaes, hijo del líder indígena Silverio Morales, y el alcance de la criminalización”, acotó.
“Las personas defensoras enfrentan sistemas políticos y económicos como el capitalismo extractivista de corte neoliberal en un país con frágiles garantías a las personas defensoras de derechos ambientales y derechos humanos en general, que es por sí misma una labor con dificultades”, agregó Solórzano.
En cuanto al régimen de excepción, acotó, que representa un período desde 2021 al 2024, como un espacio de “mayores riesgos de criminalización” y que se ha convertido en una “herramienta” para limitar a las voces opositoras, al limitar las garantías constitucionales.
“Esta medida se ha convertido en la norma para el sistema jurídico del país, para criminalizar a grupos de oposición como sindicatos de trabajadoras y trabajadores de alcaldías, personas defensoras de derechos humanos y ambientales, exfuncionarios de gobiernos y cualquier forma de demanda que sea situada como oposición”, explicó.
“En ambos casos tanto de Levi Morales y los defensores de Santa Marta y ADES, se dieron procesos previos de hostigamiento, expresado para el caso de los defensores de ADES, una supuesta investigación sobre las masacres realizadas por la Fiscalía. Y en el caso de Silverio Morales, su labor como líder indígena representó para su familia una condición de riesgo, criminalizando a su hijo Levi”, puntualizó Solórzano.
