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Por Juan Antonio Durán
Juez y profesor universitario
En esta coyuntura, tan cruel y despiadada, contra los derechos humanos de los habitantes de El Salvador, le pregunto a la comunidad jurídica salvadoreña, ¿qué celebramos en el Día del Profesional del Derecho? ¿Celebramos el desmantelamiento del Estado de Derecho, o las graves violaciones a los derechos humanos que sufre nuestra población?
EL 30 DE JUNIO SE CELEBRA EN EL SALVADOR, EL DÍA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO.
En una publicación con el mismo nombre, NADA QUE CELEBRAR, del año pasado, denunciaba el desmantelamiento del Estado de Derecho y la concentración del poder en una persona o en un grupo de muy pocas personas, sigue teniendo vigencia.
La situación se mantiene con la agravante, ahora, que esos conceptos tan abstractos y teóricos, como Estado de Derecho, Separación de poderes, independencia judicial, con el ejercicio del poder ilimitado e incontrolado, se han manifestado en concreto, en los derechos de la ciudadanía, tales como:
1. Graves violaciones a los derechos humanos que está sufriendo buena parte de la población salvadoreña y que constituyen crímenes de lesa humanidad;
2. Un régimen de excepción injustificado;
3. Privaciones de libertad a muchas personas inocentes, sin ley, sin delito y sin un juicio justo;
4. Allanamientos sin orden judicial;
5. Torturas contra personas privadas de libertad, a quienes se les ha negado el acceso a los servicios de asistencia médica;
6. Muertos que son enterrados sin ser entregados a sus familiares, o entregados con causa de muerte distinta (neumonía o covid19) a las causas por las que realmente han ocurrido (sus familias han constatado que los cuerpos han sufrido golpes y vejaciones);
7. Se han creado jueces y tribunales ad hoc, provisionales y temporales, para juzgar y condenar los casos masivos de imputados a quienes se les decreta detención provisional de manera automática y sin garantizarles el debido proceso;
8. Llamadas de parte de magistradas y magistrados de la CSJ a las juezas y jueces, a quienes se les regaña a gritos por poner en libertad a procesados y se les exige que decreten detenciones de las personas;
9. Se han aprobado reformas que agravan la situación jurídica de las personas, con efecto retroactivo, en violación al artículo 21 Cn., que establece la irretroactividad de la ley penal desfavorable;
10. Se puede juzgar casos con jueces sin rostro, sin reos presentes, sin la presencia de testigos y condenar sólo con testigos de referencia;
11. Fiscales, jueces, defensores, que avalan esas actuaciones y guardan silencio;
12. Una PDDH ineficiente e ineficaz, con una mudez cómplice de todos los atropellos a los derechos humanos;
13. Una CSJ coautora, cómplice y servil a esos oscuros intereses;
14. Un CNJ que tampoco dice pío ante tanta violación, sobre todo, a la independencia judicial. Y aun así, juezas y jueces bailando y celebrando con los operadores políticos que usurpan los altos cargos de la Suprema Corte, sin pundonor alguno;
15. Un tribunal supremo electoral (TSE) que ya dijo que cumplirá con la prevaricadora resolución de los operadores políticos que usurpan la SalaCn y que ha avalado la reelección del Presidente, en contra de cinco prohibiciones expresas en la Constitución;
16. Una maquinaria mediática que aniquila el disenso, la crítica, que violenta la libertad de expresión;
17. Un régimen de excepción que utiliza policías y militares para perseguir a activistas sociales, a la sociedad civil, a personas inocentes.
En esta coyuntura, tan cruel y despiadada, contra los derechos humanos de los habitantes de El Salvador, le pregunto a la comunidad jurídica salvadoreña, ¿qué celebramos en el Día del Profesional del Derecho? ¿Celebramos el desmantelamiento del Estado de Derecho, o las graves violaciones a los derechos humanos que sufre nuestra población?
Es una vergüenza el silencio cómplice y cobarde, de las y los letrados salvadoreños.
Hoy por hoy, en El Salvador, los profesionales, estudiantes y estudiosos del Derecho, no tenemos nada que celebrar.
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