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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) calificó de atípico el caso de El Salvador porque se han impuesto normas punitivas, más que preventivas, para controlar la pandemia de COVID-19, con muy poca transparencia e información, con una decisión arbitraria de detener a las personas en un centro de contención por 30 e incluso más días, por violar la cuarentena, cuando lo usual son 15 días de aislamiento.
Para Vivanco, lo grave y particular de El Salvador es que Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), máxima autoridad que interpreta la Constitución de la República, en tres ocasiones ha reparado las políticas de Gobierno, específicamente lo relacionado a las detenciones; pero el presidente, Nayib Bukele ha desobedecido y se ha burlado de tales decisiones, lo cual produce una ruptura del Estado de Derecho, en un país que cuenta con mecanismo e instituciones democráticas y judiciales que están defendiendo y haciendo valer la Constitución.
“Es un problema muy grave, la Asamblea y la Sala de lo Constitucional de la CSJ han cuestionado estas medidas, incluso la actual ley exige que para este tipo de detenciones la persona debe ser trasladada al establecimiento de salud más cercano del sitio donde estaba circulando, para un chequeo médico; eso -en la práctica- no se está haciendo porque esos establecimiento prácticamente no existen y la autoridad policial es la que decide el traslado de una persona a un centro de contención, muchos de estos centros no cuentan con las condiciones para garantizar el aislamiento y los mínimos estándares de salud”, sostuvo el director de la División de las Américas HRW.
Destacó la importancia de mantener un balance entre las libertades y los derechos individuales y colectivos, con las restricciones legítimas que se pueden imponer en una situación de emergencia; sin embargo, en el país actualmente hay cerca de 3,000 personas confinadas, muchas de ellas por 30 o más días, sin saber ni tener resultados de pruebas de coronavirus; pues, para ser trasladadas a un centro de contención, debe ser confirmado que hay síntomas o signos de contagio, pero no simplemente por violar la cuarentena.
Asimismo, dijo que el anuncio del presidente Bukele, de acudir a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), es una propuesta sin ningún sentido jurídico, porque los organismos internacionales de derechos humanos son concebidos para que personas civiles o particulares puedan acudir, cuando se trate de una vulneración a los derechos por parte del Estado, y no para que el poder Ejecutivo trate de dirimir sus contiendas con otros órganos del Estado.
“En el caso de la CSJ no hay nada que discutir, simplemente hay que acatar las sentencias del órgano judicial, los organismos internacionales de Estado de derechos son concebidos para ejercer peso y contrapeso y fiscalizar el ejercicio del poder y evitar violaciones a derechos humanos. Mientras se encuentra un antídoto para controlar la pandemia, habrá que seguir algunas directrices que restringen el ejercicio de algunas libertades, sin que se produzcan detenciones, arrestos arbitrarios o abusos mayores, como lamentablemente se han dado en el caso de El Salvador”, reiteró vía Skype durante una entrevista televisiva.
