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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Miguel Ángel Varela -jefe de Cooperación de la delegación de la Unión Europea- manifestó que la cooperación financiera de esta entidad geopolítica, no se limita a proyectos específicos con el gobierno, sino que trabaja también con las organizaciones no gubernamentales (ONGs), por su conocimiento de la cotidianidad y problemáticas de la población en los territorios del país.
“Hemos dado fondos de los bolsillos de los ciudadanos europeos para trabajar con el Gobierno, pero también a las organizaciones -en este caso- UNES y OIKOS, y así muchas otras, también con actores de la sociedad civil. Porque para nosotros es un mandato que tenemos y es algo que no podemos ni vamos a dejar de hacer y es trabajar con la sociedad civil”, agregó el jefe de Cooperación.
La Unión Europea, explicó Varela, lo constituyen 27 Estados, el cual es un proyecto político que nació después de la Segunda Guerra Mundial, creando un modelo social que promociona a otros Estados, que se enmarca en valores como la democracia en toda su extensión que no solo incluye votar para elegir funcionarios públicos.
“La Unión Europea siempre tiene como principios fundamentales la democracia y lo que implica: el fomento de la participación ciudadana, respeto a las minorías, respeto a los derechos humanos y respeto al Estado de Derecho. No siempre es fácil mantener estos principios, siempre hay países en situaciones políticas que no fomentan la participación de la sociedad civil, pero para nosotros nunca se pondrá en duda. Y si bien trabajamos con los gobiernos en la Unión Europea siempre habrá presupuesto dispuesto para las organizaciones sociales de los países, siempre”, acotó.
Lo anterior fue comentado durante el lanzamiento del proyecto “Potenciando Procesos Productivos Sostenibles y Resilientes para la Seguridad y Soberanía Alimentaria”, que se desarrollara a lo largo de tres años (2021-2024), en 45 comunidades de cuatro municipios de Sonsonate y Ahuachapán, que estarán representadas por tres colectivos juveniles, tres asociaciones productivas de Mujeres, cinco asociaciones mixtas de producción y cuatro mesas locales y nacionales de incidencia, que aglutinan alrededor de 100 organizaciones de la sociedad civil.
La problemática del agua dulce, la restauración de la biodiversidad, inseguridad alimentaria y el impacto del cambio climático dio pie para que se gestara un acuerdo de trabajo entre la UNES y OIKOS, en las comunidades que alcanza la participación de 158,380 personas (50 % mujeres) que provienen de 45 comunidades de Acajutla, Jujutla, Guaymango y San Francisco Menéndez
“Son hombres y mujeres preocupados por problemas de acceso y calidad del agua; preocupados por la destrucción del manglar, preocupados justamente de la inseguridad alimentaria de esa pérdida de medios de vida, de ese tejido que hace posible la vida”, indicó Carolina Amaya, en representación de la UNES, al señalar que el Estado no garantiza los derechos fundamentales de sus habitantes.
“La UNES tiene 34 años de existencia y sabemos muy bien que por esas problemáticas se materializan conflictos en los territorios y ahora, estas mismas problemáticas nos hacen posible encontrarnos, como los serios conflictos en Jujutla con las Juntas de Agua y la industria ganadera”, agregó Amaya.
“Los compañeros de la zona del manglar por las afectaciones y destrucción de ese ecosistema por el monocultivo de la caña de azúcar, pero también con la esperanza de poder transformar estos problemas y convertirlos en alternativas para caminar hacia ese anhelo de una vida digna”, reafirmó.
No obstante, estos problemas que engloban a las comunidades, Amaya señaló que las mismos tienen una expectación diferente entre hombres y mujeres, por las normas socio culturales impuestas históricamente, como la mujer que debe garantizar el acarreo del agua, el cuido y la alimentación de la familia o cuido de enfermos en cualquier territorio.
“Los desafíos son grandes y ahora nos permiten fortalecerse con la alianza con la Unión Europea, y posibilitar la cohesión de las comunidades y principalmente del territorio de San Francisco Menéndez toda esa franja marino costera, la zona de Acajutla para trabajar en la función de gestionar esos proyectos”.
“Sin duda, es un largo camino que recorrer en función de la gestión alternativa y podamos lograr procesos productivos, organizativos y de incidencia para hacer posible que este Estado nos garantice nuestros derechos, porque todos los derechos que tenemos no han sido regalados hemos luchado para tenerlos”, expresó.
Pedro Hernández, OIKOS, con un trabajo territorial desde el año 2005 en el país, celebró el financiamiento de la UE, por su acompañamiento con el pueblo salvadoreño en su derecho humano a la alimentación adecuada y el agua. Al reconocer que la “Revolución Verde” (1950-1960) fue un modelo que generó un cambio drástico en la historia del país.
“Hoy estamos sufriendo esas consecuencias, lo primero que hicieron fue agarrar la mejor tierra de la planicie del Pacífico, que tienen la fertilidad volcánica y son las mejores de Centroamérica, las ocuparon para sembrar algodón, después caña de azúcar, esto se llama Cultivo de Agroexportación, y sirvió para producir dinero para los ricos, es para vender. No lo hicieron para producir alimentos, ni para comer y en esos terrenos habían familias que fueron despojadas de sus tierras, aunque les compraran la tierra fue un despojo, porque se quedaron sin un medio de vida y qué hicieron esas familias, migraron a la ciudad”, reseñó.
En un contexto en que anteproyectos vitales como la Ley General de Aguas y Saneamiento fue enviada al archivo, así como la Ley para Personas Defensoras de Derechos Humanos, y posiblemente el de la Soberanía Alimentaria, Hernández consideró que la única forma de exigir esos derechos sería desde la comunidad organizada.
“Con este proyecto queremos por una parte mayor inversión para mejorar la calidad de captación de agua, los huertos caseros y mejorar la vida de las familias y la comunidad. Demostrar que si se puede y para decirle al gobierno local que si se puede y con trabajo sencillo lo podemos lograr y mejorar pero el gobierno debe apoyar”, manifestó.
Con ese desafío de la transformación de los sistemas agroalimentarios de las comunidades, OIKOS y UNES, esperaran generar procesos de resiliencia, sostenibilidad y nutrición, frente a realidades como prevé el SICA, que 7.3 millones de personas estarán en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria entre los meses de julio a agosto del presente año.
Andrea Padilla, de la UNES, especialista en Ecofeminismo, a cargo del proyecto, señaló que el trabajo que realizan en el séptimo sitio Ramsar, “El Imposible” en Ahuachapán, demanda atención en la preservación de esos ecosistemas.
“Si bien el país es rico en biodiversidad, se han enfrentado situaciones de destrucción del mismo por el monocultivo de la caña de azúcar. Y sabemos que en la parte costera existen grandes extensiones de caña de azúcar que trae problemas a las diferentes comunidades. El principal problema que se vive acá es el abastecimiento de agua dulce, somos un país con un bien natural en crisis, por eso, más que nunca es importantes rescatar estos bienes naturales e impulsar diferentes iniciativas para salvar el territorio”, agregó.
Con el proyecto esperan superar una mejor autonomía alimentaria y económica de las organizaciones participantes integradas por mujeres; otro aspecto será la implementación de buenas prácticas y tecnología de adaptación-mitigación al cambio climático y restauración al medio ambiente. Y un tercer elemento de fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de jóvenes mujeres y mixtas, en la promoción de derechos humanos como la seguridad alimentaria y el agua.
“Se hará la implementación de 80 huertos agro ecológicos y diferentes acciones con especial énfasis en la participación de mujeres; también cosechas de aguas lluvias y reciclaje de aguas grises -recordemos- el agua dulce es lo más difícil de obtener en esta zona y debemos integrarlo al espacio productivo. Y el derecho a decidir lo que comemos a partir que están libres de agrotóxicos, esperamos que esto contribuya al empoderamiento de las mujeres, porque para que salga de un círculo de violencia intrafamiliar necesita independencia económica”, agregó Padilla.
“Potenciar a las mujeres para que tengan incidencia en el territorio, cambia la realidad”, reafirmó la lideresa Sara Guardado, presidenta de “La Colmena” de Guaymango, Ahuachapán, señalando que la UNES, OIKOS y la UE, al fortalecer con conocimientos técnicos y prácticas puede generar un cambio esencial en el territorio.
“Algo que me llama la atención es el hecho de componentes para las mujeres que somos a las que se nos recarga el tema del cuido, pero también en casos de madres solteras que les toca llevar el alimento a sus hijos o hijas”, agregó Padilla.
“Potenciar a las mujeres a que tengan incidencia en el territorio o produzcan sus propios insumos de la manera que quieran garantizándoles su salud también, es algo bueno, porque los precios de la Canasta Básica han subido desde la emergencia (COVID-19)”, añadió.
Y, finalmente, manifestó: “Se podrá contar con agua lluvia, los huertos agroecológicos, sus aves de corral para sostener la alimentación de la familia y con la nueva realidad de la post pandemia las mujeres deben contar con insumos de prevención como mascarillas o alcohol gel, para las familias que son de 5 o 8 integrantes”.
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