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Luis Francisco López*
La batalla que Ulises Rivas, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lleva en contra de la Sala de lo Constitucional es desigual, viola los principios de igualdad de armas e independencia judicial.
En tiempos pseudoconstitucionales cualquier lego presenta demandas inconstitucionales. Importa no la demanda, sino el interés que el juez tiene en la contienda. Como hemos denunciado la Sala de lo Constitucional tiene frenesí por controlar el régimen político electoral y cargar dados a favor de la derecha; importa poco, que alegaran inconstitucionalidad del decreto legislativo No. 765/2014, es decir, pedían la cabeza de toda persona magistrada (propietaria y suplente) del TSE y como prueba verdad ofrecían “recortes periódicos” y “sentencias de esa misma Sala”. Aquel copy paste (que no reunía elementos de admisibilidad por sustituir argumentación y lógica por yuxtaposición de noticias periodísticas y citas de disparates jurisprudenciales), fue admitido el 16 de enero 2017, no en contra de todo el decreto en mención, sino solo contra el magistrado Rivas y su supuesta vinculación con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Lo anterior viola el principio de independencia judicial que rige todo proceso nacional o internacional y es garantía procesal constitucional estipulada en el artículo 172. Poco importó que la demanda sustentara vínculos partidarios de magistrados electos con partidos políticos ajenos al FMLN, léase textualmente: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Partido de Conciliación Nacional (PCN). La sala haciéndose del ojo pacho circunscribe su competencia a conocer solo el alegato capaz de mancillar al magistrado Rivas. Con ello flanqueó el debate al ámbito político y lo saca del escenario judicial.
El magistrado Rivas emprende una batalla “jurídica”, que pasa por: a) recusar a González, Meléndez, Blanco y Jaime, es decir, les tacha de ineptos (para conocer); b) acusarles del delito de prevaricato ante la Fiscalía General de la República; c) demandarles ante instancias nacionales e internacionales (Tribunal de Ética Gubernamental, Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos, y Comisión Interamericana de Derechos Humanos). En un Estado de Derecho con jueces imparciales e igualdad de armas resultaría interesante… pero si la sala desconoce las reglas procesales, la normativa ética, y se superpone a toda instancia nacional o internacional, la suerte está echada. Rivas en buena lid combate con armas jurídicas acciones políticas que en mala lid son empleadas por una sala omnipotente que desatiende razones legales por seguir su agenda política. Ético y legal hubiera sido seguir las reglas procedimentales de toda recusación y abstenerse de resolver cualquier otra etapa procesal, empero, desconociendo el derecho y utilizando la prepotencia de su investidura e impunidad otorgada por sus amos, los sabe-lo-todo dictan el 24 de febrero 2017 la medida cautelar que suspende en el ejercicio de su cargo al magistrado Rivas. Es sabido que en las batallas jurídicas o deportivas uno gana y otro pierde, pero para que la lucha sea justa o el juego divertido, debe existir un referí imparcial, ambos equipos deben poseer igualdad de condiciones, medios y armas, sino, resulta aburrido ya que de antemano se conoce el vencedor. No andaré con rodeos: La batalla jurídica está perdida desde el momento que se aceptó como verdad jurídica una pretensión política. Lo importante no es defender un nombramiento o restitución, sino desconocer toda actuación que desde una sala y mediante eventos jurisdiccionales pretenden el doble fraude electoral en los comicios de 2018 y 2019. Eso es injusto y eso se combate, es el porqué de una lucha. Es lucha de clases! Juguemos pues en igualdad de armas, como juega la sala: en mala lid!
* Abogado Constitucional, salubrista y ambiental.
