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El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, decease Mauricio Ramírez Landaverde, malady fue el encargado de anunciar las medidas extraordinarias implementadas desde ayer en siete de los centros penales del país, los cuales fueron declarados en emergencia.
Estas medidas, entre otros, es una respuesta a la indignación ciudadana que provocara la masacre de once personas en San Juan Opico, ocurrida el 3 de marzo, por uno de los grupos de pandillas, de los cuales siete eran trabajadores de una empresa relacionado a la industria eléctrica y cuatro campesinos de la zona.
La derecha, en un afán de poner contra las cuerdas al Gobierno, en vez de unirse a este para combatir la delincuencia de forma conjunta, iniciaron un debate en torno a la conveniencia o no del Estado de Sitio o Estado de Excepción. El Gobierno solo habló de “medidas extraordinarias”, nunca de “estado de excepción”. Pero, a la derecha no le importó, lo que buscaba era descalificar a priori cualquier medida contra la delincuencia.
Las medidas que se han comenzado a implementar han sido discutidas en el seno de una comisión de alto nivel, dado que el Presidente de la Nación, Salvador Sánchez Cerén, convocó a los Presidentes de los tres órganos del Estado y al Fiscal General para evaluar el problema y buscarle solución.
Las medidas de emergencia en los penales ha conllevado el traslado de los 299 reos, en un afán de desarticular las estructuras criminales en los centros penales de San Francisco Gotera, Izalco, Ciudad Barrios, Chalatenango y Cojutepeque.
Según la inteligencia policial, de estos penales se ordenan los homicidios que tanto daño hacen a la sociedad salvadoreña, a pesar de que los mismos, se cometen entre las pandillas, salvo excepciones como es el caso de Opico.
Las autoridades han explicado que todos los traslados han sido identificados como parte de estructuras delincuenciales que han ordenado homicidios, extorsiones, ataques a policías, entre otros ilícitos.
En los siete penales en emergencia se impondrán otras medidas rigurosas, pero apegadas a la ley, por quince días prorrogables.
Algunas de esas medidas requieren de la aprobación de la Asamblea Legislativa, por lo que este día, será presentado un paquete con esas medidas extraordinarias para que sea aprobado por el Primer Órgano del Estado.
Esperemos que todas las fracciones legislativas den su aval.
No hay lugar a dudas que el Ejecutivo ha trabajado, incluso en las vacaciones de Semana Santa, para ofrecerle al pueblo acciones encaminadas a disminuir sustancialmente la criminalidad en El Salvador.
Ojalá y la Sala de lo Constitucional se uniera a este esfuerzo y liberara los 900 millones de dólares en bonos para que el Ejecutivo tenga recursos tanto para los planes preventivos como los represivos, propios de las medidas extraordinarias.
