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Ciudad de Panamá/Prensa Latina
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este vierens una segunda demanda de inconstitucionalidad de la Ley 406, sobre el contrato suscrito entre el Gobierno y Minera Panamá, que ha suscitado una ola de protestas sociales. El recurso fue presentado por la abogada Martita Cornejo y recibido por el magistrado Olmedo Arrocha.
De acuerdo con las normas, ahora debe trasladarse la impugnación a ese pacto con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum al Procurador de la Nación, Javier Caraballo, para que emita su concepto, quien a su vez tiene un plazo de 10 días hábiles para enviar su opinión al Supremo.
La víspera, la CSJ admitió la primera de cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406 de 2023.
En esa ocasión, el recurso lo presentó el abogado Juan Sevillano y fue admitido por la presidenta de la CSJ, María Eugenia López, criticada por los colectivos que protagonizan manifestaciones callejeras contra el convenio, declarado inconstitucional en 2017 por la misma instancia, pero sin cumplir el fallo correspondiente.
En este sexto día de convulsión, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado en el que hace un llamado a una «búsqueda de soluciones pacíficas» y rechaza el vandalismo.
También exhorta al diálogo por canales institucionales, priorizando la construcción de consensos en asuntos de prioridad nacional.
Sumado a este mensaje, también hizo énfasis en que la «fuerza pública debe ejercerse en plena conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos». Este viernes, el equipo jurídico de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que convocó al pueblo a manifestarse en las calles contra el contrato vende patria, según sus lideres, denunció que órganos de la seguridad han infiltrado personas en las protestas para desprestigiar al movimiento patriótico y justificar las acciones represivas.
El colectivo llamó al Ejecutivo a que respete los derechos de los manifestantes legítimos, en su mayoría jóvenes estudiantes y obreros, y que sus unidades policiales enfrenten a quienes realizan actos vandálicos.
