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Ciudad de México/Prensa Latina
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este martes que las relaciones con las sedes diplomáticas de Estados Unidos y de Canadá aquí se encuentran en pausa, luego de declaraciones consideradas irrespetuosas por parte de ambos embajadores.
“Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo”, dijo el mandatario durante su habitual conferencia de prensa, al aludir a comentarios realizados la semana pasada por el embajador estadounidense Ken Salazar en torno a la propuesta de reforma judicial promovida por el ejecutivo.
“Ojalá y el Departamento de Estado -porque tampoco es él-… qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto al gobierno de Canadá. Parece estado asociado. Juntos”, aseveró.
“¿Cómo le vamos a permitir que él (Salazar) opine que está mal lo que estamos haciendo?”, expresó el gobernante, al considerar que “ellos quisieran tener injerencia en asuntos que solo corresponden a los mexicanos”.
La relación continúa con las dos naciones, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país, enfatizó.
“Nosotros no vamos a darles consejos allá, ni a decir qué está bien y qué está mal. Queremos que sean respetuosos, que haya una relación recíproca en cuanto al respeto a las soberanías”, subrayó.
Salazar dijo el jueves pasado que la reforma al poder judicial que se analiza en el Congreso representa riesgos para la democracia mexicana y la integración comercial entre ambas naciones; sin embargo, autoridades y expertos aseguran que la iniciativa persigue acabar con la corrupción en ese ámbito.
Al mencionar las razones para la propuesta, López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones que el poder judicial se encuentra secuestrado y al servicio de una minoría rapaz, dominado por la delincuencia organizada y la de cuello blanco.
En ese contexto, la reforma aspira a poner fin al tráfico de influencias que permea a ese poder autónomo y que ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.
La iniciativa prevé un proceso extraordinario en 2025 para elegir por voto popular a ministros, magistrados y jueces, mecanismo que “desmantelará la aristocracia judicial”, según expresaron legisladores durante un debate la víspera en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que dio su visto bueno a la propuesta.
Entre otros elementos, la reforma plantea, además, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial como una autoridad independiente a la Suprema Corte, y establece que la remuneración de los servidores públicos de ese poder no podrá ser mayor a la del Presidente de la República.
