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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El rector de la Universidad Centroamérica José Simón Cañas, UCA, Andreu Oliva, sostuvo que en el Estado de Excepción que el país atraviesa para presuntamente combatir las pandillas, se han vulnerado los derechos y no beneficia a la población.
“Este Estado de Excepción ha venido a poner en riesgo y a vulnerar derechos de la población, no en la persecución del crimen como objetivo, sino en el modo, en cómo se está persiguiendo el crimen, de manera que se están cometiendo abusos importantes, y eso se explica por las más de 3 mil denuncias que han recibido algunas organizaciones de derechos humanos de distintos casos en la población que consideran que (sus capturados) han sido detenidos de manera arbitraria, sin el debido proceso, sin que haya evidencia de que han cometido un delito”, indicó el padre.
El sacerdote jesuita sostuvo que los detenidos injustamente en el Régimen de Excepción “están totalmente indefensos, vemos que se está generando un conflicto por la violación de derechos humanos en el país”.
En este Régimen de Excepción se ha cambiado algo tan sencillo en la vida democrática, que es el principio de presunción de inocencia. “Toda persona es inocente, mientras no se demuestre la culpabilidad, ahora hemos pasado a una situación totalmente contraria, y el principio que se está aplicando es que toda persona que la policía detiene es culpable mientras no se demuestre su inocencia”. Además, “se ponen muchas dificultades para que los detenidos puedan mostrar su inocencia, de decir que no tienen vinculación con grupos pandilleriles”.
Ejemplificó sobre la detención injusta de una vendedora de comida que la acusaron de ser colaboradora de pandillas, justamente, “la persona con una venta de comida en un barrio donde existe el accionar de pandillas, estos sujetos llegaban, le pedían que le sirvieran platos de comida y después no le pagaban y hoy esta persona está detenida acusada de colaborar con las pandillas porque les proveía de alimentación, cuando lo hacía obligado, bajo la amenaza que no le podía cobrarles porque estaba en riesgo su vida”.
Oliva recordó que el Instituto de Medicina Legal ha reconocido que hay 73 personas que han fallecido en los centros penales durante los meses de Régimen de Excepción, “es un problema muy serio que tiene el Estado, porque cuando se detiene a una persona, tiene la obligación de velar por la integridad de su vida. El Estado falta a esa obligación. Pareciera que la vida de estas personas no vale igual que la de otros”.
Sobre este punto, Oliva sostuvo que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos debería estar atento a lo que sucede en las cárceles. “A él le corresponde la defensa de los derechos humanos en el país”, afirmó Oliva. En contraste dijo que “es una buena noticia que los homicidios disminuyen en el país, pero están esos homicidios que hay en las cárceles y esos no se están contabilizando”.
Hoy por hoy, el actual procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, no ha actuado ante la situación que viven las víctimas directas (detenidos) e indirectas (familiares) del Régimen de Excepción. En la institución para garantizar los derechos humanos, se han acumulado centenares de denuncias y peticiones de organizaciones y familias para que puedan intervenir y velar por sus derechos.
Además, en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia existen más de medio millar de Habeas Corpus, siempre de familiares de detenidos injustamente como una forma de encontrar respuestas del Estado. Ya que este, se ha negado a informar sobre el paradero de los detenidos.
Sobre los desaparecidos en el país, Oliva dijo que “a pesar de la promesa de ser distintos, es un Estado que ha sido renuente a reconocer las desapariciones y el dolor de las familias que tienen personas desaparecidas. Lo que hemos visto con mayor fuerza es que se unen para encontrar a sus familiares y parece que ellos están tomando el papel que le corresponde al Estado”.
En los 5 meses que lleva el Régimen de Excepción, las autoridades han capturado a más de 50 mil supuestos pandilleros, de la cifra, más de 42 mil ya están en instrucción decretada por un juez. Por ahora, no se sabe cuando estaherramienta estatal dejará de utilizarse.
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