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Madrid/PL
El gobierno español mantuvo el miércoles, por cuarto día consecutivo, su veto al nuevo gabinete del presidente de Cataluña, Quim Torra, al designar a cuatro políticos procesados por el fallido intento de secesión en esa región nororiental.
La administración central de Mariano Rajoy, que tutela la próspera comunidad autónoma desde el 27 de octubre de 2017, tras la aprobación de una declaración unilateral de independencia, optó por continuar congelando los nombramientos realizados por Torra.
El mandatario separatista anunció el sábado la conformación de su equipo, en el que incluyó como consejeros (ministros regionales) a Jordi Turull (Presidencia); Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad); Antoni Comín (Salud) y Lluís Puig (Cultura).
Los dos primeros se encuentran en prisión preventiva en Madrid y los restantes se autoexiliaron en Bélgica en octubre último, luego que el ejecutivo de Rajoy cesó al entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, y a todo su gabinete por su plan soberanista.
Además de la destitución de Puigdemont, Rajoy -en virtud del artículo 155 de la Constitución española- asumió el control de la rica autonomía, disolvió su parlamento y convocó a elecciones el 21 de diciembre, ganadas nuevamente por las fuerzas secesionistas.
Con su decisión, interpretada como un nuevo desafío a Madrid, Torra restituyó en sus cargos a cuatro de los colaboradores del anterior gobierno, defenestrado el 27 de octubre horas después que la cámara catalana proclamara de manera unilateral la ruptura con España.
Turull, Rull y Comín integran la lista de 13 dirigentes acusados de rebelión y malversación de fondos por el Tribunal Supremo español, a raíz de la frustrada declaración de la República de Cataluña.
En el caso de Puig, el alto tribunal lo investiga por presunta desobediencia y malversación de caudales públicos.
Pese a la intención de Torra de celebrar hoy la toma de posesión de sus nuevos consejeros, Rajoy sigue sin publicar el decreto de sus designaciones en el Diario Oficial de la Generalitat (ejecutivo catalán), formalidad necesaria para hacer efectivo su nombramiento.
El presidente catalán insistió en que el gobierno español no puede vetar a su equipo de colaboradores por no existir, a su juicio, obstáculos legales para su investidura, y advirtió con adoptar medidas judiciales si no se publica el decreto en los boletines oficiales.
El gubernamental Palacio de La Moncloa, que calificó de provocación la flamante estructura de la Generalitat, denunció que las decisiones de Torra constatan una estrategia de confrontación con el Estado y con la mayoría de la sociedad catalana.
