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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Todopoderosos se sienten los magistrados de la Sala de lo Constitucional por haber anulado en un día una elección legislativa y una decisión de emitir 900 millones de dólares para invertir en seguridad y programas sociales. La lista es larga en materia de afectación a las finanzas del Estado, un sin número de inconstitucionalidades a las Leyes de impuestos municipales, todas a favor de las empresas.
En 2012, la Sala declaró inconstitucional el impuesto de 1% a las ventas de las empresas que declaran pérdidas durante más de dos años y se mantienen activas, esto pudo haber dado al Estado ingresos por 30 millones de dólares al año y como entraría en vigencia en 2012 a la fecha eso representa una lesión no menor a 150 millones de dólares.
La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la contribución especial que serviría para compensar a víctimas de accidentes de tránsito, conocida como FONAT. La ley especial establecía que se compensaría hasta con dos mil dólares a personas con incapacidad médica producto de accidentes, con 3 mil quinientos a familiares de víctimas mortales, más gastos funerarios. Se invertiría en salud para atender en el sistema público a víctimas de accidentes de tránsito y en educación vial.
Esta contribución que sería pagada al renovar la tarjeta de circulación de vehículos y nunca sería mayor a 35 dólares, pretendía cubrir el seguro a terceros que por 17 años estuvo en la ley y año con año se dejaba sin efecto, para hacer justicia con las víctimas no hubo protección de derechos y se estima entre 24 y 30 millones lo que anualmente serviría para este fin.
La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional otra contribución establecida bajo gobiernos de Arena, 0.4 centavos a las llamadas desde el exterior, rendía unos 55 millones de dólares anuales en sus inicios y por triangulaciones y otros mecanismos su aporte se redujo a unos 32 millones de dólares anuales. Este golpe de la Sala a las finanzas públicas afecto la fuente de financiamiento de subsidios que el gobierno otorga.
En noviembre de 2014, la Sala declaró inconstitucional una amnistía que disculpaba multas e intereses a quienes tenían deudas tributarias, lo hizo en el momento justo en que la ley transitoria estaba por vencer y muchos empresarios pequeños y medianos habían iniciado trámites para saldar sus deudas.
En medio de la campaña electoral, a finales de 2014 la Sala fue presionada por los dueños de las AFP para declarar inconstitucional el interés que la ley del Fideicomiso de Operaciones Previsionales había establecido como pago de interés del Estado a los fondos de pensiones; hecho utilizado como parte de la campaña a favor del partido de la derecha.
A principios de 2015, la Sala declaró inconstitucional el impuesto de 1% al activo neto que la Asamblea había aprobado como pago de empresas que declaran pérdidas por dos años consecutivos y que se había formulado asumiendo como valederos los criterios de su primer sentencia.
El último golpe es anular la autorización de crédito por 900 millones de dólares que la Asamblea autorizó en 2015 para invertir en seguridad y programas sociales indica claramente que la Sala se convirtió en el “guardián” de la oligarquía criolla, impide una de las atribuciones del Estado que es la de establecer tributos para invertirlos en el cumplimiento de los fines que la misma Constitución le establece y de paso en esta última resolución anula la soberanía popular, que votó por las propuestas de todos los partidos al elegir 84 diputados y sus respectivos suplentes cumpliendo criterios que la misma carta magna ordena y que la autoridad máxima en materia electoral, el Tribunal Supremo Electoral tiene el mandato de asegurar conforme a las leyes.
Cuatro Magistrados se sienten orgullosos de su obra, creen que se les cree que sus decisiones mejoran la democracia. Ellos han venido cambiando abruptamente el sistema político, sus reglas cuando un partido que representa al pueblo trabajador, el FMLN ganó las elecciones presidenciales.
Despojarlo de su capacidad financiera y vulnerar el modelo político constitucional es el servicio a la oligarquía y poderes fácticos que brindan esos magistrados. Es algo por lo cual una gran parte del pueblo ha empezado a entender y sentirse burlado; la esencia anti pueblo, está en disminuir, casi anular, la capacidad de gestión de un gobierno electo legítimamente por la voluntad mayoritaria del pueblo.
Los mensajes de sus resoluciones políticas se entienden cada vez con mayor claridad, su filo anti partidos, es un peligroso camino que busca poner en manos de individuos y grupos corporativos el poder gubernamental. No lo lograrán, aunque se porten como una dictadura judicial.
