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SANTIAGO/Xinhua
La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado un aumento en los niveles de endeudamiento en los países de la región latinoamericana, lo que pone en peligro la reconstrucción sostenible y con igualdad, señaló el jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En su informe “Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después”, la instancia propuso cinco medidas de política para afrontar los retos que plantea la agenda de financiamiento para el desarrollo a corto, mediano y largo plazos en el marco de la crisis sanitaria y económica por la COVID-19, que cumple un año.
“En todos los países de la región, sin excepción, la situación fiscal se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento del gobierno general ha aumentado, y se espera que dicho endeudamiento se incremente del 68,9 al 79,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2019 y 2020 a nivel regional”, señaló en el evento virtual de presentación la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
De acuerdo con la funcionaria, esta situación convierte a Latinoamérica y el Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios (57 por ciento).
Añadió que la brecha de financiamiento del sector público se agrava por la necesidad de apoyar la balanza de pagos, sobre todo en las economías más pequeñas, debido a las interrupciones de la cadena de suministro y a la disminución de las exportaciones, en particular de la exportación de servicios (turismo).
Según el informe, de 2019 a 2020 el déficit en cuenta corriente pasó del 1,4 al 4,5 por ciento del PIB en el istmo centroamericano y del 4,8 al 17,2 por ciento del PIB en el Caribe. Además, se estima que en la región habrá una importante caída de la inversión extranjera directa, de entre el 45 y el 55 por ciento en el mismo período, aproximadamente.
Se suma que las necesidades globales de financiamiento de los países en desarrollo ascienden a 2,5 billones de dólares, lo que supera la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha puesto a disposición de 21 países de la región la mayor parte de sus préstamos de emergencia en relación con la COVID-19.
Frente a este escenario, la CEPAL plantea una agenda de financiamiento que a corto plazo favorezca la expansión del gasto público, con atención especial a los grupos vulnerables, con políticas que permitan compensar los efectos perjudiciales de las medidas restrictivas destinadas a evitar la propagación de la enfermedad.
Esto supone sostener el consumo de las personas y las familias, para lo que es necesario adoptar medidas excepcionales transitorias de mantenimiento del ingreso, como una renta básica temporal garantizada por el Estado.
A mediano y largo plazos, a medida que la prioridad de las políticas pase a ser construir un futuro mejor, en lugar de hacer frente a la urgencia, el programa de financiamiento para el desarrollo debe promover una orientación de política anticíclica que tenga por objeto aumentar el empleo y mantener un crecimiento adecuado, indicó el organismo de las Naciones Unidas.
Para ello, la ampliación de los gastos públicos de capital y los desembolsos destinados a la transformación productiva y la ecologización de la economía son fundamentales para impulsar la labor de recuperación.
A fin de alcanzar estos desafíos, la CEPAL propuso ampliar y redistribuir la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo, a través de una emisión masiva de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI, o a través de fondos multilaterales con recursos de las economías desarrolladas, canalizadas a través de bancos multilaterales de desarrollo.
Otra medida se centra en el fortalecimiento de la cooperación regional para aumentar la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras, con la participación de bancos de coordinación entre los bancos de desarrollo regionales, subregionales y nacionales.
La CEPAL instó a crear una política de acceso a un mayor financiamiento que debe complementarse con impulso de una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral, que incluya la creación de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana y de una agencia multilateral de calificación crediticia.
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