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Gloria Silvia Orellana
@Diario CoLatino
En el marco del “Día Mundial de la Salud” y los casos de Enfermedad Renal Crónica (ERC), la Mesa por la Soberanía Alimentaria, integrada por 20 organizaciones y redes a escala nacional, desde el 2013, expuso públicamente la preocupación por el incremento de esta condición en poblaciones rurales del país.
“La cada vez más consensuada opinión de instituciones a nivel internacional sobre los efectos dañinos por el uso indiscriminado de venenos agroindustriales, entre los que resalta el herbicida más usado del mundo, el glifosato”, dijo Adalberto Blanco, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria (MpSA).
El glifosato fue reclasificado desde 2015, como probablemente cancerígeno. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, señala que un 41% corre el riesgo de padecer cáncer.
A estas investigaciones se suman múltiples tribunales internacionales que han señalado y sentenciado sobre su peligrosidad en el ser humano, alegó Blanco.
Bayer fue condenado por el herbicida “glifosato” o “Roundup” (nombre comercial), luego que un usuario, en el estado de Georgia (EEUU), quien por consecuencias en la salud le pagaron 2100 millones de dólares. La empresa “ocultó que su herbicida causa cáncer”. Y pese a los 12 juicios contra este agrotóxico sigue vendiéndose y es usado en América Latina.
Blanco señaló que el Atlas Global de Salud Renal (2023) refleja que los años de salud plena que han perdido El Salvador por la Enfermedad Renal Crónica es de 6.5%, que son 5 puntos porcentuales “superiores” a la media mundial.
El porcentaje de muertes atribuibles a la ERC en El Salvador es del 10.2%, es decir, 7.8% puntos sobre la media mundial. Y la prevalencia de la diálisis peritoneal crónica para El Salvador es de 380 por millón de habitantes, que es 359 superior a la media mundial, manifestó Blanco.
“En 2016 el Ministerio de Salud (MINSAL) estableció que la mayoría de los pacientes diagnosticados con ERC estaban asociados a factores tóxico ambientales, ocupacionales, agrícolas, y la hipótesis más plausible es que la exposición a pesticidas, fertilizantes y otros productos nocivos para la salud constituye el verdadero elemento detonante de la tragedia sanitaria que afecta a las comunidades agrícolas salvadoreñas”, acotó Blanco.
En cuanto al “Plan Estratégico Intersectorial para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica en El Salvador” (2024-2028) del MINSAL, Blanco añadió que este documento señala que el 50.86% de los casos son del área rural. Y que el problema abarca a 103 municipios, ahora distritos, y que están con “tasas altas” y “tasas muy altas” de mortalidad por ERC.
Las tasas de mortalidad más altas por departamento son La Unión, con 122 casos (tasa x mil habitantes 178.3); San Vicente, 100 casos (tasa por mil habitantes 154.1), Usulután 174 casos (tasa x mil habitantes 143.6), La Paz 159 casos (tasa por x mil habitantes 114. 7), y San Miguel 175 casos (tasa x mil habitantes 102.9).
“El Estudio, Tendencias recientes en la Importación de Plaguicidas en El Salvador”, menciona que entre 2013 a 2021, en promedio, 2, 527 toneladas de plaguicidas son importadas al país cada año. De estos el 60% y el 80% está representado por herbicidas”, dijo.
Los herbicidas más importados para ese período fueron el 2, 4 D (24%), el Paraquat (23.8%), Glifosato (20.2%) y la Atrazina (18.4%).
“En 2010 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley sobre el Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario, estableciendo la prohibición del total de 53 plaguicidas”, señaló.
Sin embargo, el expresidente Mauricio Funes (2011) observó el decreto, alegando que para 11 de estos herbicidas debería contar con un “criterio específico”, pero la Asamblea no hizo nada al respecto y 11 de estos quedaron vigentes: Terbufos, Forato, Metomil, Carbofuran, Glifosato, Paraquat, Látigo EC, Clorpirifos, Hedonal, Imidacloprid y Dimetoato.
“En 2019 El Salvador ocupó la segunda tasa más alta por insuficiencia renal en la región. Las investigaciones señalan que el uso indiscriminado de los 11 más tóxicos están directamente vinculados a la gran cantidad de casos y de insuficiencia renal crónica en El Salvador”, argumentó.
“Las afectaciones a la salud renal en los trabajadores cañeros son de un 44% con daño severo, un 15% en agricultores no cañeros de manera moderada y un 15% en mujeres de leve a moderada”, acotó Blanco.
Como Mesa por la Soberanía Alimentaria denunciaron también que el órgano Ejecutivo, a cargo del presidente Nayib Bukele, ha cerrado alrededor de 32 Equipos Comunitarios de Salud Familiares y 3 Centros Comunitarios de Salud del ISSS, un producto del recorte directo a los presupuestos del MINSAL de 92.1 millones de dólares para el presente año.
Lo anterior ha generado un impacto a las personas con ERC, porque restringe su derecho humano a la salud, haciendo mucho más difícil la temprana identificación de la enfermedad. Así como, el recorte del tiempo en las horas de diálisis que demandan estos pacientes que han pasado de 2 sesiones por semana a una, bajo el argumento de falta de insumos o máquinas dañadas.
“Exigimos que la Asamblea Legislativa prohíba el uso de los 11 agroquímicos más tóxicos debido a sus efectos nocivos en la salud de agricultores y agricultoras. Que los convenios de la OIT C170 (Convenio sobre productos químicos) y el C184 (Conv. seguridad y salud en agricultura) sean ratificados por el gobierno salvadoreño”, agregó la Mesa.
“La correcta interpretación y aplicación del artículo 28 de la Ley de Protección al Consumidor, que establece que organismos genéticamente modificados destinados al uso directo como alimento humano o animal, deberá especificarse visiblemente en su empaque tal circunstancia. Y el Estado salvadoreño cumpla su obligación de atender de manera adecuada y oportuna a las personas que padecen ERC, asignando presupuestos suficientes”, concluyó Blanco.
