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EDITORIAL ARPAS
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La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) arremetió la semana pasada contra las organizaciones de la Alianza contra la Privatización del Agua, que marcharon hasta la sede de la referida gremial para denunciar su intento de privatizar el agua.
A través de los medios hegemónicos (principalmente TCS, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy) y redes sociales, ANEP lanzó una campaña de descalificaciones contra las organizaciones, a las que acusa responder a la agenda política del Gobierno y de ser “organizaciones fachada del partido FMLN”.
La ANEP, incluso, fustigó peligrosamente a una de las participantes en la manifestación ciudadana. La gremial, orgánica del oligárquico partido ARENA, acusa a la representante del Foro de la Salud Margarita Posada de ser una de las “instigadoras” de la protesta.
Este gremio empresarial olvida que el rechazo a la privatización del agua no es cosa del Gobierno o del FMLN, ni siquiera es postura única del Foro del Agua y de las ONG ambientalistas. La no privatización del vital líquido es una demanda de los más amplios y diversos sectores del país.
Señores de ANEP: la exigencia de crear un ente rector de las políticas hídricas totalmente público es respaldada también por instituciones como la UCA, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Iglesia Católica. No es propuesta de “izquierdistas” o “revoltosos”, como ustedes y sus medios de (des)información dicen.
Desde este espacio editorial condenamos la arremetida de ANEP contra las organizaciones que defienden el agua y reiteramos la demanda de aprobar una ley que reconozca el agua como derecho, establezca un ente rector de las políticas hídricas totalmente público y garantice la participación comunitaria en la gestión del vital líquido.
El espacio también es oportuno para exigir que la Fiscalía y el Sistema Judicial procesen al presidente de la ANEP Luis Cardenal, pues -siendo ministro de Turismo del gobierno de Antonio Saca- otorgó contratos estatales a sus mismas empresas. El flamante presidente de ANEP, además, recibió sobresueldos pagados con la partida secreta de Casa Presidencial durante el último gobierno de ARENA. Es decir, Cardenal es “destinatario” de Saca, recibió parte de los 301 millones de dólares y, por tanto, debe ser enjuiciado inmediatamente.
