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Buenos Aires / AFP
La ley que declara la emergencia económica y amplía las facultades del gobierno del peronista Alberto Fernández, aprobada el sábado por el Congreso, entró en vigencia el lunes tras su publicación en el Boletín Oficial.
La llamada «megaley» fue publicada en el Boletín Oficial del lunes, varias horas después de lo esperado, debido a ajustes de último momento.
La norma implica el alza de impuestos a los sectores altos y medios y beneficios sociales para los sectores más carenciados.
La norma le otorga al Poder Ejecutivo durante un año una serie de facultades para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
El gobierno pretende «atender las necesidades de los sectores más vulnerables y poner todos los esfuerzos en recuperar la demanda agregada e impulsar el crecimiento», explicó el lunes el titular de la Administración de Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli.
En ese marco se inscribe el lanzamiento de un «plan contra el hambre», así como bonos de emergencia para las jubilaciones mínimas y los sectores más postergados.
«La situación es difícil, es un país que ha tenido que reperfilar su deuda, con un profundo déficit fiscal y financiero, con una situación de recesión e inflación; el Estado está poniendo todo el esfuerzo en quienes más están padeciendo la situación social», insistió Vanoli.
También contempla un impuesto del 30% a la compra y gastos en divisas, entre otros puntos, un tema sensible a la clase media argentina acostumbrada a ahorrar en la moneda estadounidense para cubrirse de las cíclicas devaluaciones del peso y de la inflación, una de las más altas del mundo.
«Argentina se quedó sin dólares. Se le fugaron 100.000 millones de dólares a Macri. Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares», explicó Fernández.
Además establece aumentos a los gravámenes a las exportaciones agrícolas, con un máximo 33% para la soja, el principal producto de exportación.
La medida puso en alerta al poderoso sector agrario, el único que creció en el último año, cuyos dirigentes fueron recibidos el lunes por el presidente a quien solicitaron que no se aplique el 3% de gravámenes a las exportaciones, que se suman a las ya existentes, que contempla la nueva ley.
-Cinco claves sobre la crisis-
Argentina, tercera economía de América Latina, se encuentra en ‘virtual default’, en recesión, alta pobreza e inflación, con una situación parecida a la de finales de 2001, cuando el país sudamericano atravesó la peor crisis de su historia.
El peronista de centroizquierda Alberto Fernández asumió la presidencia hace dos semanas en una Argentina que se encamina a su segundo año de contracción con una previsión de reducción del PIB de 3,1% en 2019, tras un plan de fuerte austeridad del exmandatario liberal Mauricio Macri.
«Hay argentinos que la están pasando muy mal. Esa es la prioridad», declaró el lunes Fernández que logró la aprobación en el Congreso de una ley de emergencia económica por un año.
La norma contempla alza de impuestos a los sectores altos y medios, beneficios sociales para los sectores más carenciados. Además dispone un impuesto del 30% a la compra y gastos en divisas y el incremento de los gravámenes a las exportaciones agrícolas, entre otros puntos.
1. Inflación
Argentina es de los pocos países emergentes y en desarrollo que no ha logrado domar la inflación. Mientras para todo el grupo el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un promedio de 4,7% al cierre de 2019, la previsión para Argentina es de 57,3%, de las más altas del mundo. De enero a noviembre acumula 48,3%.
En 2018, Argentina había registrado una inflación de 47,6%, profundizando una tendencia que se inició con la crisis de 2001, al salir Argentina de la paridad cambiaria con el dólar vigente por 11 años.
Una fuerte depreciación de la moneda (38% desde enero) y un comportamiento inercial influyen en el alto índice de precios, así como el aumento de los costos dolarizados.
Fernández impulsa el congelamiento de las tarifas de servicios públicos por 180 días luego de que aumentaran en casi 1.000% durante el gobierno anterior, que revirtió el precio bajo y subsidiado durante los años del kirchnerismo (2003-2015).
2. Recesión
El país está en recesión desde el segundo trimestre de 2018, con caída del PIB de 2,5% en 2018. El FMI calcula que la baja en 2019 será de 3,1% y en 2020 de 1,3%. La economía acumula 17 meses consecutivos de baja.
El nuevo gobierno pretende poner en marcha la economía, alentando el consumo y con devolución de impuestos a las pequeñas y medianas empresas, un sector importante para frenar la caída del empleo. El desempleo alcanza casi 10%.
3. Pobreza
El aumento de la pobreza que afecta a 40% de los 44 millones de argentinos es uno de los temas que más preocupa. Este año, el Congreso aprobó una ley de emergencia alimentaria para destinar más recursos a los planes sociales.
Fernández lanzó un plan para unir al Estado con las empresas y las organizaciones de la economía popular en un Consejo federal «contra el hambre» y se entregan tarjetas con montos para gastar en alimentos.
4. Déficit
Con un severo plan de austeridad de Macri, Argentina pudo bajar el déficit fiscal primario de casi 7% del PIB en 2015 a un estimado de 0,9% este año.
A cambio, el FMI le concedió en mayo de 2018 un préstamo por unos 57.000 millones de dólares a tres años, de los cuales ha desembolsado 44.000 millones. Fernández desistió de pedir el monto restante.
5. Deuda
La deuda asciende a 335.000 millones de dólares; incluyendo lo desembolsado por el FMI. Las calificadoras de riesgo calculan que la deuda está cerca del 100% del PIB. Al asumir Macri en 2015, la deuda representaba 20%.
Fernández reiteró que Argentina está en «virtual default», desde que el gobierno de Macri había planteado en septiembre pasado un reperfilamiento para postergar los vencimientos.
El presidente ha manifestado su intención de pagar las deudas pero en la medida en que la economía pueda crecer y generar dólares. «Para poder pagar hay que tener capacidad de pago y para eso hay que crecer», dicen en el Gobierno.
El viernes, Argentina postergó unilateralmente hasta agosto el pago de unos 9.000 millones de dólares de vencimientos en dólares. Eso le costó una degradación de su deuda por parte de las calificadoras Fitch y S&P, tras considerarlo en default selectivo.
