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Rolando Alvarenga
@DiarioCoLatino
Sí bien es cierto que la misma entrenadora de Atletismo, Sandra Valiente tuvo su porcentaje de “culpa involuntaria” en no recibir los siete mil dólares de indemnización reportados por el Ministerio de Trabajo por sus más de treinta años de servicio al atletismo, también es cierto que eso no le quita el sentimiento de injusto, pero legal contra una pobre mujer de la U-50 que ha dejado la mitad de su vida en este deporte y sigue de frente.
Una profesional de la Educación Física que a través de los años ha producido cualquier cantidad de atletas de alto rendimiento y satisfactorios resultados en la alta competencia internacional, pero que la patria no le ha recompensado acorde a su sacrificio laboral. Al contrario, de acuerdo a su versión, en los últimos años fue objeto de mal trato laboral, tanto y al extremo de sentirse amenazada de ser mordida, por lo que mejor optó por tirar la toalla.
En la cereza al pastel y en su afán de querer hacer efectivos los siete mil dólares de su liquidación para sus últimos días de vida, buscó los servicios de un abogado, le dio un anticipo y los documentos, pero este sujeto -vergüenza del gremio-, no hizo su trabajo, el tiempo se venció y ella cayó en prescripción y adiós siete mil. Como pago de consuelo y con el corazón partido solo recibió un poquito más de mil por los últimos años laborados.
Un típico caso de injusticia, pero legal, en un país en donde la mayoría de políticos reciben cualquier cantidad de plata de cinco dígitos hacia arriba por servicios prestados a la patria, en concepto de cuestionados y polémicos servicios. En resumen y más allá de la injusticia, un caso que debe llamar la atención a la hora de querer hacer efectiva la indemnización, a partir del cumplimiento de la ley.
