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Redacción Nacional
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Familiares de personas detenidas injustamente en el régimen de excepción presentaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) 500 cartas para que sean entregadas a sus seres queridos en los penales.
Para ello, pidieron la ayuda de la procuradora Raquel Caballero de Guevara ya que ella, es la encargada de inspeccionar que, en El Salvador, se garanticen los derechos humanos de la población.
“Nuestros familiares son inocentes. Nosotros estamos aquí una vez más como familia, como madre, como esposa, dando la cara por cada uno de nuestros seres amados. Y esperamos que la procuradora haga sus buenos oficios y haga llegar cada una de estas cartas a cada centro penitenciario”, dijo Mirna Liliana Urias de Reyes, del Movimiento de Familiares de capturados del Bajo Lempa, una de las personas en las afueras de la PDDH.
Urias de Reyes sostuvo que cada carta estaba destinada al centro penal donde estaba su privado de libertad, “ya viene el trabajo solo para ir a entregar. Son mensajes de nuestros hijos, de nosotros como esposas, como madres, que van para nuestros seres amados”.
El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción inició una recolección de cartas escritas por familiares con mensajes de amor y esperanza para sus seres queridos encarcelados. Asimismo, hicieron un llamado a la PDDH, a que exhorte al Órgano Ejecutivo a eliminar las restricciones a la comunicación y visitas familiares y que instale mecanismos efectivos para reanudar dichas visitas en los centros penitenciarios.
El próximo 27 de marzo, se cumplirán 3 años desde que las autoridades impusieron el régimen de excepción como una medida de respuesta para las pandillas luego que estas incrementaran los homicidios a escala nacional.
En su implementación se han efectuado capturas arbitrarias, de personas que nada tienen que ver con pandillas; tampoco investigan a profundidad previo a detener a una persona, sino más bien, para lograr la cuota, así lo plantean algunas organizaciones sociales que han visto y tratado el tema.
“Ya son tres años, que nosotros no sabemos nada de nuestros seres queridos. Nosotros estamos, como dicen, muertos en vida, pero tenemos la fe y esperanza, que es lo que decimos a través de estas cartas, que no pierdan la fe, ni la esperanza, primeramente, en Dios, sabemos que Dios nos va a ayudar a que nuestras familias regresen a nuestro hogar. Nuestros hijos los están esperando”, añadió Urias.
Organizaciones, colectivos de familias de personas privadas de libertad en su labor de defensa de los derechos humanos, exigen al Estado salvadoreño el respeto y la restitución de los derechos fundamentales de las personas detenidas y sus familias. En particular, denuncian la prolongada restricción de visitas y comunicación, una medida que contraviene normativas nacionales e internacionales que garantizan este derecho.
De hecho, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha recomendado al Estado garantizar la comunicación y visitas familiares, así como derogar disposiciones restrictivas.
Los familiares y representantes de organizaciones instaron al Estado y a las autoridades penitenciarias a restablecer el derecho de las personas privadas de libertad y mantener el vínculo con sus familias.
Las organizaciones que acompañaron a los familiares de las víctimas fueron: el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), Comité de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), Comité de Familiares de Víctimas del Bajo Lempa (CEBES), Comunidad de la Isla El Espíritu Santo, Comunidad de Cuisnahuat, Equipo Ventana Abierta de Cabañas, Comunidades Izalco y Santa Ana.
