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Redacción Nacionales
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Socorro Jurídico Humanitario entregó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) 59 expedientes completos de personas inocentes detenidas bajo el Régimen de Excepción, quienes no tienen antecedentes penales ni policiales, todos con arraigo domiciliar, laboral y familiar.
Entre estos casos hay personas con graves enfermedades que pide sean liberados; con esta entrega ya suman 217 expedientes entregados a la PDDH, los cuales esperan tengan una pronta respuesta.
La organización social pidió a las autoridades de la PDDH verificar y solicitar los estados de salud de las personas que tienen denuncia ante Socorro Jurídico Humanitario y que no tiene antecedentes penales o vínculos con pandillas según solvencia policial y constancia de antecedentes penales.
Asimismo, que se les proporcione copia de informe de los resultados arrojados por las diligencias o procesos administrativos hechos por la PDDH referente a las casos remitidos por el Socorro Jurídico Humanitario.
“Pedimos interponer sus buenos oficios para solicitar ante las instancias correspondientes la liberación de personas que se encuentren con cuadros clínicos crónicos o estados de salud deplorables, peticiones hechas al Socorro Jurídico Humanitario por familiares de estos, la cual hacemos extensiva a la institución”, indica el documento presentado a la PDDH.
Según el informe de Amnistía Internacional, la mayoría de las detenciones durante el Estado de Excepción son presuntamente arbitrarias porque no cumplían los requisitos legales, concretamente dictar una orden de arresto o que la persona fue sorprendida en flagrante delito. Algunas de las detenciones estaban basadas únicamente en el hecho de tener tatuajes, antecedentes penales o de vivir en una zona controlada por una pandilla.
Se documentaron casos de personas privadas de libertad que fueron maltratadas por los guardias penitenciarios, así como casos de tortura infligida por miembros de pandillas, como palizas, linchamientos y amenazas constantes, que las autoridades penitenciarias no trataron de impedir.
El hacinamiento extremo daba lugar a violaciones del derecho a la vida y la integridad física, y provocó problemas graves de saneamiento y escasez de alimentos y productos básicos de higiene, lo que afectó gravemente a la salud de la población reclusa.
En reiteradas ocasiones las organizaciones de la sociedad civil han denunciado que muchos certificados de defunción documentan señales de tortura y en un gran número de casos, las autoridades no comunicaron oficialmente las muertes a las familias. No había pruebas a disposición pública de que esos hechos se estuvieran investigando con diligencia.
