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Brasilia/Prensa Latina
El ministro Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema, envió finalmente a la Fiscalía General de la República el informe de la investigación sobre una tentativa golpista en Brasil que implica al expresidente Jair Bolsonaro.
De Moraes reveló el secreto del documento, pero lo mantuvo para la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro.
Trascendió que será para febrero la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre si denunciar o no al exmandatario (2019-2022) y a otros 36 acusados por el supuesto plan de golpe de Estado.
Con el documento de la Policía Federal (PF) en sus manos, la PGR podría archivar el caso, presentar imputación o pedir más averiguaciones.
Si se denuncia, De Moraes podrá aceptar la acusación y habrá una acción penal.
De acuerdo con el juez, en el caso de la investigación en curso, había la necesidad de cumplir con numerosas diligencias establecidas.
En principio, exigían la imposición de secreto para la realización de las medidas de investigación.
Sin embargo, «ante la presentación del informe final y el cumplimiento de las medidas requeridas por la autoridad policial, no hay necesidad de mantener la restricción de publicidad», escribió.
La semana pasada, la PF acusó a Bolsonaro en una investigación sobre el complot golpista tras los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.
El informe final de la búsqueda policial fue enviado al Supremo Tribunal Federal.
Además de Bolsonaro, 36 personas fueron inculpadas y entre ellas figuran los exministros Augusto Heleno y Walter Braga Netto, y el timonel del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto.
La acusación constituye un acto formal realizado por la autoridad policial durante la investigación de un crimen.
Ocurre cuando, sobre la base de las pruebas recogidas, los peritos identifican a una persona como principal sospechoso en la práctica de un delito y formaliza esa desconfianza en la pesquisa.
El desempeño de la PF identificó que los inculpados se estructuraron por medio de la división de tareas, lo cual permitió la individualización de las conductas y la constatación de la existencia de seis grupos.
La operación Contragolpe reveló un plan detallado denominado Daga Verde y Amarilla, que tenía como objetivo el asesinato del entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva y el vicepresidente Geraldo Alckmin, con fecha prevista para el 15 de diciembre de 2022.
También el propósito mencionaba la eliminación de De Moraes, quien resultó monitoreado constantemente, en caso de que la acción golpista fuera exitosa.
