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Buenos Aires / AFP / RT
El expresidente boliviano Evo Morales, refugiado en Buenos Aires, reveló el jueves que un equipo integrado por el célebre jurista español Baltasar Garzón luchará contra la orden de detención emitida en su contra por parte del gobierno de transición de su país.
«Constituimos un equipo internacional, con el doctor Baltasar (Garzón) en Europa», dijo Morales en rueda de prensa un día después de que la fiscalía boliviana ordenara el arresto del exmandatario, en una investigación por supuestos delitos de «sedición y terrorismo».
«Vamos a actuar jurídicamente contra esta orden de aprehensión que no es constitucional ni legal», advirtió.
El documento, firmado por los fiscales de La Paz Jhimmy Almanza y Richard Villaca, ordena a fiscales, policías y funcionarios públicos que detengan y conduzcan a Evo Morales ante las oficinas de la fiscalía.
La fiscalía abrió la investigación por los delitos de «sedición y terrorismo» tras una denuncia presentada por el actual ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, el 22 de noviembre.
El proceso contra el exgobernante izquierdista, quien dimitió el 10 de noviembre, se sustenta en un audio revelado por Murillo en el que supuestamente se escucha la voz de Morales dando instrucciones a uno de sus partidarios, el cocalero Faustino Yucra, para bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a algunas ciudades.
«Yo no tengo miedo a las detenciones, fui cuántas veces detenido y confinado…. asilado y refugiado, solo me faltaba eso», señaló Morales.
Arresto no procede
Morales dijo que la orden de arresto en su contra, dictada por la Fiscalía boliviana «no procede legalmente» porque sigue siendo presidente del país suramericano.
«La orden de aprehensión es injusta, ilegal e inconstitucional porque no procede legalmente. Sigo siendo presidente y por eso se debe cumplir con los procedimientos de la ley boliviana», dijo Morales en una conferencia de prensa que ofreció en el Centro Cultural de la Cooperación (CCC) de Buenos Aires, Argentina, país donde se encuentra en calidad de asilado político.
Morales explicó que su renuncia, que fue presentada «a causa de un golpe de Estado», el pasado 10 de noviembre, debía ser aceptada o rechazada por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y eso «nunca ocurrió».
En su cuenta en Twitter, el mandatario depuesto también hizo referencia al tema y señaló que el Parlamento debía tramitar su dimisión, como lo establece el artículo 161 de la Constitución boliviana.
Explicó, además, que al no hacerse ese trámite y otros consiguientes, «tampoco se cumplieron los procedimientos para una sucesión constitucional», por lo que Jeanine Áñez «se autoproclamó ilegalmente».
