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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Wilfredo Medrano, abogado acusador de la Asociación Tutela Legal “María Julia Hernández”, afirmó que luego del aporte de pruebas testimoniales, que dieron 43 testigos, y que finalizaron el pasado viernes 10 de agosto, serán estratégicas con el aporte de las pruebas científicas y técnicas que aportará el Equipo de Antropología Forense de Argentina, en el caso de la masacre de El Mozote, ejecutada por el Ejército en diciembre de 1981.
“Vendrán las antropólogas Silvana Turner, Patricia Bernardi y Mercedes Doretti, quienes han sido citadas para el 16 y 17 de agosto por el tribunal, y van a ratificar sus peritajes, además de ilustrar al señor juez sobre cómo encontraron los restos de las víctimas, cómo vestían y toda la prueba científica que han hecho en laboratorio de Medicina Legal, para fortalecer el caso penal de la masacre de El Mozote”, explicó.
Sobre todos los procesos de exhumación, Medrano expresó que se han contabilizado desde 1992 alrededor de 300 hallazgos de osamentas, porque no todas han sido encontradas completas, algunas estaban articuladas y otras no.
“Les llaman conjuntos óseos, porque enterraban a la gente donde quedó asesinada, en varios sitios, entonces eso explicarán ellas, la causa y modo, de igual forma los análisis y cómo identificaron los restos óseos”, manifestó.
Sobre los procesos de identificación, el abogado acusador refirió que para 1992 en El Salvador no existía la prueba de ADN, que es una técnica más avanzada y que fue utilizada solo en pruebas de paternidad, anteriormente.
“Debo decirlo, aún Medicina Legal tiene una gran debilidad en identificar osamentas de larga data y eso lo digo porque los actuales médicos forenses han pedido a las víctimas de las exhumaciones de 2016 que les den un par de meses más para identificar los restos. Porque ahora se encuentran implementando un método científico que han obtenido de Estados Unidos, con el cual podrían identificar a varias víctimas al cotejarlas con sus familiares”, dijo.
En cuanto a otros procesos de investigación que realiza el juez del Tribunal Primero de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, quien ha solicitado al Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) los documentos de identidad de más de mil efectivos militares que eran miembros del batallón Atlacatl en esa época y aparecen mencionados en este proceso penal y otra documentación militar.
Mientras, David Morales, de CRISTOSAL y abogado acusador del caso, agregó que al escuchar los testimonios de Juan Chavarría (La Joya) y Fidel Pérez (cerro Ortiz) se dimensiona “la crueldad y el sufrimiento de estas personas sobrevivientes”, y que marca la pauta de la dimensión de la tragedia en El Mozote.
“Una operación denominada -rescate- paradójicamente, cuando se trató del exterminio humano y perpetrada por el batallón Atlacatl, que no tenía la posibilidad de haber desarrollado el operativo solo, sino que necesitó respaldo de la Fuerza Aérea, de la Tercera Brigada de Infantería, y necesitó de soldados de San Francisco Gotera, Morazán y la aprobación de la cadena de mando del Estado Mayor de 1981”, reafirmó.
Morales fue severo en su cuestionamiento a un abogado defensor, que en sus consideraciones señaló que algunos niños de la guerra fueron “Samuelitos” (niños incorporados a la lucha armada) al referirse a los testimonios de algunos sobrevivientes del conflicto armado.
“Referirse como ‘Samuelitos’ a los niños sobrevivientes de las masacres es totalmente reñido con la ética de la profesión de la jurisprudencia, desprestigiar a las víctimas que tienen la valentía de declarar en un tribunal, me parece no solo un acto de frustración por la incapacidad de detener la abrumadora prueba del crimen, sino, una falta de respeto a las víctimas. Esto es carente de toda ética a la dignidad de las víctimas”, sugirió.
Asimismo, descalificó la actitud de algunos abogados de la defensa de los militares, que reiteran en sus argumentos que la masacre de El Mozote y sitios aledaños no se trató de crímenes de guerra o de lesa humanidad. “La masacre de El Mozote si es un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra, la Sala de lo Constitucional (CSJ), a través de su jurisprudencia y el derecho internacional, claramente señala que el exterminio humano, asesinatos de personas, torturas, violaciones sexuales, desapariciones forzadas en su conjunto y en un contexto de ataque injustificado a una población civil, constituyen un crimen de lesa humanidad de tal manera que efectivamente en el proceso están calificados como delitos muy graves”, aclaró.
Los abogados acusadores que trabajan en combinación con la Fiscalía General de la República (FGR), en la búsqueda de justicia para las víctimas, David Morales expresó que han cambiado de manera positiva, al recordar que por más de dos décadas los afectados soportaron que los fiscales generales y asignados al caso bloquearan las investigaciones, acosaran testigos y rechazaran diligencias probatorias.
“La Fiscalía debe ir más allá, no pueden limitarse a la actitud positiva en la audiencia de testigos. El fiscal general (Douglas Meléndez) debe ser protagónico y exigir la documentación solicitada a los cuerpos militares, queremos verlo cumplir con su mandato y la ley en ese aspecto importantísimo de este juicio penal”, concluyó.
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