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José Flores
@DiarioCoLatino
El servicio civil está regulado por una ley de los años 60s, que queda obsoleta para la época. La Constitución representaba un cambio importante para desarrollar la administración estatal, sin embargo, esto nunca se logró según el Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública.
En este marco se realizó el foro: “Apuestas para la Transformación del Estado y el Combate a la Corrupción”. Dicho evento fue organizado por el Equipo Impulsor, el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción; también, formaron parte de él la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile.
El foro busca dar un punto de partida para una nueva reforma del servicio Público. Según el Equipo Impulsor, en 2017 el gobierno de la nación presentó a la asamblea legislativa el Proyecto de Ley del Servicio Público. Esta propuesta contemplaba la inclusión de procesos meritocráticos, capacitaciones continuas, evaluaciones de resultados y la dignificación de los trabajadores estatales.
No obstante, en pleno junio de 2019 no se ha avanzado en su estudio, a pesar de haber creado una comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa para impulsar su pronta aprobación. Y es que, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El Salvador fue calificado con treinta y tres puntos en indicadores de mérito civil y con trece puntos en los indicadores de gestión de rendimiento (en escala de 0 a 100, siendo 100 la mayor calificación).
Según Javier Castro, director del departamento de estudio legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), “los problemas que estamos viendo en el servicio público se dan porque no contamos con un régimen de función pública con las herramientas suficientes, para que exista la meritocracia”.
Castro, menciona que en muchos casos, los cargos son otorgados por intereses personales y no porque realmente estén capacitados.
“Las personas que llegan por amiguismo y no por mérito, están cometiendo actos de corrupción”, añade. Según el Barómetro de las Américas, durante el año 2016, el 64.1 % de la población tenía la percepción de que existe corrupción por parte de los funcionarios públicos.
El nuevo cambio del Órgano Ejecutivo es una buena oportunidad, para reformar la administración pública y cambiar al país en materia de corrupción, según el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Domingo Méndez. Además “esta reforma mejoraría y haría más eficiente la función pública en el país”, agregó.
En este marco, el Equipo Impulsor invita a la Asamblea Legislativa a discutir y consultar una nueva reforma para la función pública, que cuente con una carrera administrativa fundamentada en el mérito y la profesionalización de los servidores públicos.
“Daña y entorpece el buen funcionamiento de los diferentes aparatos del estado, porque hay quienes no saben desempeñar el cargo que les corresponde, de la mejor manera”.
