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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Aquí juega un papel importante la comunidad educativa, el sistema de salud, el judicial y ante todo, la familia, para evitar este tipo de prácticas, que se ven como normales, al casar a una niña con un adulto”, expresó Vilma Vaquerano, de ORMUSA, e integrante de la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador, como reacción ante la prohibición decretada por la Asamblea Legislativa en Sesión Plenaria de esta semana.
“Queremos que la decisión tomada ayer (jueves pasado) por los diputados y diputadas no quede ahí, se deben de tomar otras medidas como homologar leyes, motivar a los padres de familia a dejar esta práctica y el Estado debe ejercer su autoridad y monitorear los resultados”, expresó Vaquerano.
La Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador, integrada por ORMUSA, IMU, Las Mélidas, ACISAM y FESPAD, coincidió en lo trascendental de suprimir ciertas disposiciones contempladas en el Código de Familia; pero urgieron al Estado salvadoreño a emanar políticas públicas que desalienten los matrimonios infantiles y las uniones tempranas.
Loyda Robles, de FESPAD, consideró que las instituciones del Estado que velan por la protección de la niñez y adolescencia, deben realizar la difusión oportuna de estas reformas al Código de Familia y garantizar el pleno respeto y cumplimiento del nuevo marco jurídico. “Se deben realizar monitoreos y cooperación técnica idónea para desarrollar las políticas públicas necesarias, para así erradicar la violencia sexual contra la niñez y adolescentes, además de las prácticas culturales que promueven la tolerancia social e impunidad de los agresores contra sus víctimas”, sostuvo.
Asimismo, consideran como un gran avance que el “reconocimiento legal” en casos donde la niña o adolescente estuviera embarazada o hijo de por medio, legalizaban esa unión y que por su edad, muchas veces no contaban con los criterios suficientes para entender el compromiso de una relación matrimonial.
Maydé Recinos, directora del IMU, afirmó que en la difusión de la nueva disposición del Código de Familia, los medios de comunicación juegan un papel importante dentro de la sociedad salvadoreña al afirmar que se necesitará de mayor información, sensibilización y educación sobre este tema.
“La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016, reveló que alrededor de 22 mil 361 de población infantil y adolescente (12-17 años) tenía o habían tenido ya una relación matrimonial o de acompañamiento; del cual, 61.3% de este grupo se encuentran en el área rural”, afirmó.
Las organizaciones integrantes de la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador reiteraron su compromiso de dar seguimiento a la reforma de ley, además de pronunciarse a favor de fortalecer una campaña de denuncia para ir erradicando esta práctica cultural.
