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Rafael Cabrera
Constitucionalmente es responsabilidad del Estado salvadoreño garantizar las PENSIONES DE LA CLASE TRABAJADORA EN GENERAL, ya que de no hacerlo se está atentando contra los derechos y garantías del trabajador y de su grupo familiar.
En el ORDEN ECONÓMICO el artículo 101 reza: “El Orden Económico debe responder a principios de Justicia Social que tiendan a asegurar a todos los trabajadores del país una existencia digna del ser humano”. El artículo 110 en sus partes reza: EL ESTADO PODRÁ TOMAR A SU CARGO LOS SERVICIOS PUBLICOS CUANDO LOS INTERESES SOCIALES ASÍ LO EXIJAN, prestándolo directamente, por medio de Instituciones Oficiales Autónomas o de municipios. También le corresponde vigilar y asegurar los servicios públicos prestados por empresas privadas. Es decir, nuestra Constitución Política le da la potestad al Estado de VOLVER A ADMINISTRAR EL RAMO DE PENSIONES AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL de acuerdo a un nuevo estudio actuarial que garantice a mediano y largo plazo, las pensiones de la clase trabajadora en general.
El Salvador es un Estado soberano y la soberanía reside en el pueblo que la ejerce en la forma prescrita dentro de los límites de la Constitución, por lo que es un derecho de las entidades gremiales y sindicales, así como de la totalidad de los empleados públicos, del gremio magisterial, de los empleados de instituciones bancarias y financieras y del comercio en general el de exigir al Gobierno de la República el garantizar las pensiones de la clase trabajadora.
Se debe recordar que en el AÑO 1996 en la administración del presidente Calderón Sol, con el montaje de un SHOW PUBLICITARIO hicieron creer a la opinión pública que era necesario la CREACIÓN DE LAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES CONOCIDAS COMO AFP, y que estos darían mejor asistencia y pensiones al trabajador; y obligaron al 90 % de la clase trabajadora a afiliarse a las nuevas administradoras de pensiones desligándolas del Ramo de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. FUE ASÍ COMO SE INICIO EL CALVARIO DE TODOS LOS TRABAJADORES integrados al nuevo sistema, y de entrada les aplicaron el 2-1/2 de sus sueldos como Costo de su Administración y que técnicamente hubiera sido del 0.50 %, recordemos también que el acuerdo entre el poder Ejecutivo y poder Legislativo para la creación de las empresas AFP no fue del conocimiento de ninguna Entidad Gremial o Sindical, y todo se manejó a escondidas por el temor de ser rechazado no solo por los trabajadores sino también por los Gremios de Profesionales, y quienes decidieron la aprobación y vigencia de las nuevas Empresas Aseguradoras fueron las Bancadas de Diputados que en el momento actual se están repartiendo la Presidencia de la Honorable Asamblea Legislativa.
Diez años después de la vigencia de las Empresas AFP salieron a la luz pública los primeros reclamos de trabajadores y trabajadoras demandando una pensión mayor a las autorizadas, pero no solo eso, también se conoció de los problemas financieros que presentaban las aseguradoras y de allí nació el PRIMER FIDEICOMISO PREVISIONAL por 600 millones de dólares.
También es de señalar que las administradoras de pensiones AFP desde su creación los Estados Financieros reflejan varios MILLONES DE DÓLARES EN UTILIDADES, y que son distribuidas en sus Socios Fundadores lo que se puede calificar como un robo al trabajador.
Es de lamentar que el Gobierno de turno de aquella época descabezara el Sistema de Pensiones administrado por el Estado, ya que con ello se castigó a la clase trabajadora en general y se privilegió a determinados señores poderosamente económicos.
Es responsabilidad del actual Gobierno escuchar a la clase trabajadora, que reclama con justicia un NUEVO PROYECTO DE PENSIONES que garantice a hombres y mujeres un RETIRO DIGNO DESPUÉS DE HABER DEJADO PARTE DE SU VIDA TRABAJANDO PARA HACER DE NUESTRA NACIÓN UNA SOCIEDAD EN LA QUE PREVALEZCA EL BIEN COMÚN COMO LO ORDENA NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
