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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Es un “hecho histórico para las víctimas”, dijo Valentina Ballesta del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quien acompañó a Tutela Legal “ María Hernández” y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, en la reapertura de la investigación penal por la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco, Morazán.
No obstante, consideró que este caso de El Mozote y otros caseríos que se registraron el 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, y el primero en solicitarse su reapertura luego de 35 años esperando justicia se convierte en el mayor reto del Estado salvadoreño, de esto y otros temas habló la abogada con Diario Co Latino.
– ¿Qué lectura hace de la reapertura del caso El Mozote?
El día de hoy estamos ante un hecho histórico -como saben- luego que la Sala de lo Constitucional declarara la inconstitucionalidad de la Ley de
Amnistía del año 1993.
Hoy es la primera solicitud de reapertura de un caso que tiene que ver con el conflicto armado (de los años ochenta) y por eso, estamos aquí con las víctimas, porque la Sala dio esta sentencia y tenemos que usarla, tenemos que hacernos de ella y buscar la justicia que por tanto tiempo se ha luchado.
-¿Cómo debe trabar el sistema de justicia?
Todos y todas las funcionarias del Estado salvadoreño deben realmente responder a la justicia, la verdad, que estas personas, que han esperado desde hace 35 años, y en específico en el Caso de El Mozote -tal como dice- Wilfredo Medrano, ya se puede decir, que no existe ninguna traba para que no investigue a las personas responsables, tanto autores materiales, como intelectuales y dejando de lado todos los obstáculos que podrían intervenir en el camino hacia la justicia.
– ¿Qué opina de una Fiscalía General de la República que afirma no contar con recursos económicos?
Aquí no e puede poner la excusa de falta de recursos para no poder investigar, ni se puede tampoco poner la prescripción de los casos como una excusa. El Estado salvadoreño tiene que abocarse a lo dicho por la Sala de lo Constitucional (Corte Suprema de Justicia) en el año 2012 y también, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que también le ordenó al Estado salvadoreño que debía investigar y dar justicia, verdad y reparación a todas las víctimas, ahora no hay más excusas tienen que hacerlo.
-¿CEJIL participa de este proceso judicial?
Si, somos participantes a nivel interamericano e internacional, somos una organización que representamos las víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos -es por eso- que estamos aquí en el Juzgado Segundo de Primera Instancia, para poder recordarles a los jueces y juezas del país, de las obligaciones de acuerdo no solo a la ley, la Constitución de la República, sino también son obligaciones de derechos humanos y tienen que responder frente a ellas.
– ¿Cuál ha sido su trabajo?
Desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos hemos hecho un trabajo, -como dice- la sentencia de la Corte IDH, que desde el año 2012 hemos realizado un proceso de supervisión acuciosa, donde se les ha venido pidiendo al Estado salvadoreño responder el por qué no se trató de investigar en todos estos años el caso El Mozote.
– ¿Qué pasará entonces?
El Estado, y aquí hablo de los tres órganos del Estado, no ha sido capaz de dar una respuesta satisfactoria, pero ahora, con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia no hay Ley de Amnistía para ampararse porque se puede reabrir esta investigación y todas aquellas que documentó la Comisión de la Verdad, como aquellas de gran magnitud como dijo la Sala de lo constitucional.
– ¿Se puede aplicar la Justicia Restaurativa en estos casos?
Me parece prematuro hablar de eso, cuando ni siquiera sabemos cómo la justicia salvadoreña va a reaccionar ante esta nueva directriz; realmente creo que la falla del proceso -en un momento cero- es que no se ha consultado con las víctimas que son las primeras interesadas.
Las víctimas son las primeras autorizadas en decir, cómo reparar el daño causado, no se puede hablar en altas esferas de una nueva -Ley de Reconciliación- sin tomar en cuenta Cuál es la posición de las víctimas, Cuáles son las demandas de las víctimas, y si ellas están dispuestas a llevar un proceso de justicia transicional en la que no se destaca la justicia penal como eje fundamental.
– ¿Cómo podría buscarse esta justicia transicional?
De buscar esta justicia restaurativa se tendría que realizar un llamado amplio y extenso a los representantes y por supuesto, junto a un proceso real de consulta donde participen las víctimas y vuelvan a ser colocadas en el centro del proceso y la sociedad salvadoreña, que es lo que años atrás se dejó de hacer en materia de justicia.
– ¿Saben que el sistema de justicia salvadoreño ha sido cuestionado?
Efectivamente, lo que queda de aquí para adelante es una gran responsabilidad para la justicia salvadoreña, pero eso no quiere decir que lo vendrá a tomar como excusa, como ya dije antes, que la justicia se quede en el camino. No pueden hacer eso.
-¿Qué argumentarían ustedes?
Ya tenemos 35 años de esperar esta resolución y que avancen los casos, pero además quiero acotar que efectivamente, aunque se diga que no existen los recursos el Estado salvadoreño, no puede alegar su torpeza para incumplir un deber constitucional, un deber de la Convención de Derechos Humanos que es dar justicia y reparación a todas las víctimas.
Dicho esto, desde la CEJIL nos queda decir que seguimos expectantes y vigilantes del proceso y vamos a seguir acompañando a las víctimas en la búsqueda de la justicia y las demás reparaciones. Y por eso, creo e insisto que debemos consultar a las víctimas y de cómo ven esta lucha que hoy estamos llevando acá, gracias a la lucha de todas y todos ellos.
La inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y expulsión del ordenamiento jurídico interno constituye un paso pequeño pero importante para eliminar las barreras que impedían a los jueces y fiscales investigar.
