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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Estamos consternados porque han preferido invertir en un hospital para perros o en casetas de la Chivo Wallet, y a nosotros nos ignoran y no quieren cumplir con el decreto 723”, manifestó, Laura Laínez, médica que integra el “Movimiento Familiares del Personal de Salud COVID-19”, quienes se pronunciaron a dos años de la pandemia del Coronavirus.
“Mi esposo fue ingresado al Hospital San Rafael el 14 de junio, al siguiente día lo entubaron, 16 días, y murió el 29 de junio de 2020 en el Hospital Rosales. El se enfermó porque no contaba con suficiente equipo personal de protección y el entregado era insuficiente”, recordó la médica.
Hace dos años, el planeta completo dio un vuelco por la emergencia generada por el “coronavirus”, que brotó en la ciudad de Wuhan, República de China, lo que provocó la primera pandemia en el nuevo siglo, y que llevó a las autoridades de la OMS y OPS a decretar una cuarentena mundial, con el fin de evitar su propagación.
En El Salador la pandemia ha cobrado la vida de 232 personas, trabajadoras de la salud, entre médicos, enfermeras, promotores de salud, personal administrativo y motoristas. Y sus familias sobrevivientes que integran el movimiento de los “Familiares del Personal de Salud COVID-19”, demandaron el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno del presidente Nayib Bukele, con ellos.
Estos acuerdos están plasmados en la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud, aprobado con el decreto 723, el 3 de septiembre de 2020, por la Asamblea Legislativa.
“Nuestra actividad de ahora es conmemorar los dos años de pandemia por COVID-19, y porque seguimos buscando una audiencia con el ministro Francisco Alabi, porque hemos dado muchas cartas en la búsqueda de una audiencia, pero no nos quieren recibir y han llegado al grado invisibilizarnos, es decir, nos ignoran”, denunció Laínez.
En su pronunciamiento el Movimiento Familiares del Personal de Salud COVID-19, señaló que para los trabajadores de la salud, el COVID-19 es una “enfermedad profesional” que pudo evitarse si hubieran contado con una respuesta institucional y los equipos de protección personal (EPP), al nivel de exposición a los que se vieron enfrentados.
“Queremos pedirle al ministro (Francisco) Alabí, y todos los que están relacionados con el tema a recibirnos para que nos escuchen, porque es injusto saber de una inversión en un hospital de perros y olvidar a los familiares del personal de salud fallecido”, agregó.
“El gremio está en malas condiciones, aquí nos acompañan varios sindicatos de salud, y muchos otros trabajadores ya recibieron presión por esta actividad, y lo peor ellos continúan resintiendo siempre que es insuficiente el equipo médico de prevención de salud para atender la pandemia, así como también el estado de los centros de salud en los que trabajan y por eso sigue muriendo personal de salud. Hace unos meses murieron dos doctoras por Covid”, afirmó. En cuanto a la actitud del gobierno, señalaron que no muestra una voluntad política de “reconocer los derechos de los familiares del personal de salud fallecido”, pese a la existencia del decreto legislativo 723, y que son 88 familias que llevan dos años sin ningún apoyo económico frente a los compromisos económicos.
Asimismo, denunció que llevan más de dos años, soportando los “inconvenientes burocráticos” de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFPs) que mantienen laberintos legales para retardar las devoluciones de fondos de sus deudos, y hacer efectivos los seguros de vida.
“Ellos (gobierno) saben que nos han dejado en el abandono, que nuestros hijos han dejado los estudios para dedicarse a sobrevivir. Necesitamos que nos ayuden, porque también estamos quebrantados de salud. La mayoría padecemos enfermedades crónicas y no estamos siendo atendidos”, expresó.
“Para ellos somos un cero a la izquierda, no les importa nuestras vidas -dígame- pueden ver sus últimas inversiones millonarias con ese hospital de perros y el Bitcoin. Nunca nos dan una respuesta solo recibimos excusas. Yo personalmente hablo todos los días con la persona encargada del Ministerio de Salud (MINSAL) sobre nuestro caso y siempre hay una excusa, se nos ha negado audiencia con el señor ministro consecutivamente”, reiteró Laínez.
El movimiento de Familiares del Personal de Salud COVID-19, hizo un llamado al presidente de la república, Nayib Bukele, a que instruya órdenes a encargados gubernamentales pertinentes, para que sean atendidos. Y anunciaron que realizarán gestiones para ser recibidos en audiencia con la primera dama Gabriela Rodríguez de Bukele, para plantearle su situación, con el fin de que pueda ser intermediaria para resolver sus problemas.
Además, de condenar la negativa del ministro de salud, Francisco Alabí Montoya, advirtien que si no son escuchados buscarán otros medios de respuesta.
“Como familiares del personal de salud que falleció por la pandemia del COVID-19, seguiremos en la lucha, y estamos trabajando para abocarnos a organizaciones de derechos humanos internacionales para ser escuchados en todo el mundo, porque queremos que sean reivindicados nuestros familiares”, puntualizó Laínez.
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