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José Roberto Osorio
Sociólogo
De acuerdo al mandato de la Constitución de la República, el Estado tiene una deuda considerable con la familia salvadoreña. En efecto, en el Capítulo II, Derechos Sociales, Sección Primera, Familia, el Art. 32, establece: “La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico”.
El Art. 34 pone: “Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado”.
Asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 10 se menciona: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución…”
Se observa en la institucionalidad actual, que se prioriza más la acción sobre uno de los componentes de la familia y no sobre toda su estructura como lo manda la Constitución.
La familia constituye la primera línea de defensa del derecho a la educación, en particular si cumpliese la obligación de matricular a los hijos, al menos en la enseñanza básica. En la familia, espacio social en que nacemos y crecemos, encontramos protección y seguridad, ella es la célula en donde las personas resuelven sus necesidades de protección, compañía, alimento y cuidado de la salud. Es el grupo responsable de cuidar y proteger a la primera infancia, integrarla al mundo y de hacer que, mediante la enseñanza de prácticas, reglas y pautas de convivencia, pueda integrarse exitosamente a la sociedad.
En el país, la familia comenzó a desintegrarse, a desnaturalizarse, cuando las personas en situación de vulnerabilidad, sin acceso a empleo, seguridad y otros satisfactores de necesidades sociales, se autocrearon la solución de poner pies en polvorosa alejándose del subdesarrollo para recalar en países desarrollados donde encontraron, la mayoría, una nueva vida y el cumplimiento de los derechos negados en sus países de origen. Sin que fuera su propósito, los migrantes se encargaron asimismo de sustentar a gobiernos no democráticos y a sostener a sus familias mediante el envío de remesas.
Para evidenciar algunas facetas de lo anterior, cabe señalar que según cifras de la EHPM-2015, en ese año, 597,915 personas habían sido abandonadas por el padre, la madre o por ambos progenitores. De acuerdo al Boletín Estadístico No. 3, el 58% de los estudiantes matriculados en el mismo año en el sistema educativo, vivían con su padre y su madre y el 42% restante estaban con uno solo de los progenitores, con familiares e incluso algunos habitaban con no familiares.
La migración ha sido el origen de la criminalidad desmesurada en el país, lo que ha involucrado a muchas familias, lo cual indica la necesidad imperativa de incluir esta realidad en los esfuerzos por la erradicación del crimen, mediante la promoción de sanas uniones familiares.
A falta de otros esfuerzos centralizados, las Municipalidades, siendo más cercanas a las personas, deberían impulsar programas dirigidos al fortalecimiento y atención de las familias de la comunidad y esta podría convertirse en la principal estrategia para resolver los graves y permanentes problemas de crimen y violencia que asolan al país.
Asimismo, hablando de modernidad, derechos y privilegios, después de ver la serie Modern Family, cada quien puede escoger el tipo de familia que le parezca más cercana a sus necesidades y que estime que va a contribuir mejor al desarrollo de las personas, la sociedad y el país.
