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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El rector de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas UCA, Andreu Oliva, llegó a la Asamblea Legislativa la tarde de este jueves a la comisión especial que investiga el destino final de los fondos entregados a organizaciones no gubernamentales a quien los oficialistas tildaron como “persona de interés” y a quien acusaban de recibir fondos estatales desde el 2011 a 2020.
La diputada de Nuevas Ideas, Lorena Fuentes, preguntó si en algún momento, el rector se acercó a representantes del Gobierno anteriores para gestionar donaciones o asignaciones presupuestarias para la UCA, a lo que el padre Oliva contestó que “en ningún momento me he acercado a ninguna autoridad para gestionar asignaciones para la universidad, porque estas no han existido”.
La diputada presidenta de la comisión especial, Alexia Rivas, detalló que según los informes técnicos de la instancia legislativa, “la UCA recibió $24 millones desde 2011 al 2020”, desglosados de la siguiente manera:
2011: $2.1 millones, 2012: $2.2 millones, 2013 $2.8 millones, 2014 $2.4 millones, 2015 $2.4 millones, 2016 $2.3 millones, 2017 $2.8 millones, 2018 $3.6 millones, 2019 $3.6 millones, 2020 $863,000.
“¿Nos gustaría saber si estas asignaciones fueron brindadas a través de el presupuesto general de la nación, y para que fueron utilizados”, preguntó Alexia Rivas. El rector de la UCA, Andreu Oliva, entregó un folder con documentos dentro, que detallaban precisamente los convenios que esta casa de estudios había ejecutado con el Ministerio de Educación.
“Permítame presidenta una aclaración, estos montos que han señalado fueron recibidos a través del Ministerio de Educación, porque la Universidad Centroamericana era implementadora de proyectos que tenía el Ministerio de Educación para mejorar la calidad de la educación de El Salvador”, respondió el rector Oliva.
El rector sostuvo que cada uno de estos montos eran fruto de convenios “y siempre a propuesta del Ministerio de Educación”. Según dijo, el MINED pedía ayuda a la UCA en todo lo que tuviese relación con la Prueba PAES, su elaboración, la logística, entrega, evaluación, entre otros aspectos, y otros convenios relacionados con la educación.
Explicó que para cada proyecto se abría una cuenta diferente y se entregaba un informe financiero al finalizar el año y si habría un sobrante “se devolvía a la Tesorería General”.
“Por eso en esta carpeta (los folders) van a encontrar cada uno de los proyectos con los montos aprobados, los montos que recibían la cuenta del proyecto, el informe de lo ejecutado y el reintegro de cada proyecto y así lo pueden ver en cada uno de los proyectos”, dijo el rector Olivo a los diputados.
Oliva detalló algunos de los proyectos que se realizaron, como por ejemplo, los del 2011, donde se realizó y procesó la prueba PAES. Otro de los proyectos fue la especialización de docentes de educación media y tercer ciclo de educación básica para la enseñanza de las asignaturas de lenguaje y literatura, estudios sociales, matemáticas, biología, química y física. En este último proyecto de impartieron 8 cursos y se formaron a 1,896 docentes en estas cuatro áreas.
Así, el rector y sacerdote jesuita detalló sobre los montos asignados por el MINED a la UCA para proyectos de educación nacional.
“¿Como logró ser la UCA tomada en cuenta a través del Ministerio de Educación para poder ser implementadora de estos proyectos y cuál fue el procedimiento que se siguió?”, cuestionó Alexia Rivas.
“Pues que yo sepa, no hubo ningún procedimiento al que nosotros tuviéramos que aplicar. La UCA, por ser una universidad acreditada, y por el reconocimiento que tiene en la sociedad salvadoreña por haber estado implicada en procesos de educación”, respondió Oliva.
El citado dijo que los fondos como tal no se asignaron a la universidad a su conveniencia, se asignaron al proyecto, de hecho, sostuvo que la UCA no tomó decisiones sobre el manejo de los fondos, sino que había un plan de trabajo elaborado y aprobado conjuntamente entre el Ministerio de Educación y la casa de estudios.
Los parlamentarios cuestionaron sobre el mejoramiento de la infraestructura en los centros escolares, ya que abordaban temas de educación. Ante esto, Oliva sostuvo que “es responsabilidad del MINED si no mejoró la infraestructura de las escuelas. Hicimos lo que podíamos hacer desde nuestra parte. (…). No nos quiera traspasar una responsabilidad que no tenemos, porque lo que se nos pidió fue otra cosa”.
Básicamente, Oliva sostuvo que los fondos eran administrados por la UCA pero para terceros, como la capacitación de docentes o dotar de recursos a escuelas, becas, entre otras cuestiones relacionados.
El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, planteó que la Comisión investiga los fondos entregados a diferentes instituciones, fundaciones sin fines de lucro de una manera “exprés”, es decir, sin estudios previos para hacer asignaciones, “hubo un mecanismo que se había realizado de los diputados anteriores donde creaban fundaciones y se auto-asignaban recursos y es por ello que lo tenemos a usted en su calidad de representante legal de la UCA, porque recibió fondos públicos”, dijo a Oliva.
“Cuando nosotros vemos esto, tenemos la obligación que el pueblo salvadoreño sepa la verdad, cómo una institución como la UCA recibía tanto dinero”, inisitió Navarro.
Por supuesto que Oliva respondió ante las acusaciones y dijo que “es un poco ofensivo que se nos compare con lo que ustedes llaman ONG de fachada. Creo que hemos evidenciado que esos proyectos responden a programas nacionales del Ministerio de Educación”.
Al salir de la Comisión, el Padre Oliva dijo a la prensa que a la Comisión no le interesa investigar el destino de los fondos, ni quieren entender cómo es el proceso de las implementadoras del MINED y los trabajos que han realizado desde la UCA.
“Ellos (los diputados) todo el rato insistieron en lo mismo, en que fueron donados a la universidad y no quieren entender ni aceptar que fueron fondos para realizar proyectos en beneficio de la población salvadoreña”, concluyó Oliva.
