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Por David Alfaro
La situación de la deuda externa de países como El Salvador es compleja. Con una economía de bajo crecimiento, escasa inversión extranjera y dependencia de las remesas de los salvadoreños en Estados Unidos, además de altos niveles de pobreza, analfabetismo y desempleo, pagar la deuda resulta extremadamente difícil y conlleva enormes sacrificios sociales.
En 2023, el PIB de El Salvador alcanzó los $34,015 millones. El presupuesto nacional oscila entre 9 y 10 mil millones de dólares, mientras que las remesas suman casi 8 mil millones al año. No obstante, la deuda total, incluyendo la de pensiones, asciende a $30,173 millones. Esto representa el 88% del PIB nominal, una relación complicada que cuestiona la capacidad del país para pagar dicha deuda..
El FMI propone un modelo económico para la gestión de deudas, aunque algunos expertos como Joseph Stiglitz, exfuncionario del Banco Mundial, critican este enfoque por dificultar la devolución de préstamos, especialmente en países del Tercer Mundo que sufren con el pago de intereses. Los préstamos del FMI conllevan ajustes económicos que estrangulan a la clase media y llevan a los pobres a la miseria absoluta.
Según la teoría económica clásica, el ahorro de un país destinado al pago de deudas se compara con sus ingresos por exportaciones e inversiones extranjeras, menos los gastos en importaciones y pagos a acreedores extranjeros. Esta dinámica representa un equilibrio entre ingresos y egresos del país.
Si con una deuda como la salvadoreña, que es considerada prácticamente impagable, se procede a sacrificar lo social para pagar intereses, el país enfrentará dificultades enormes. A menudo, quedarse atrapado en una deuda y pagos de esta naturaleza, conlleva a recortes severos en gastos públicos, limitar la inversión en servicios sociales como Salud y Educación, situación que ya vemos con Bukele, e incluso resulta en más préstamos para pagar los anteriores, lo que empeora la situación.
Si un país incumple sus pagos con el FMI, enfrenta consecuencias como la pérdida de acceso a futuros préstamos, disminución en la confianza de los inversionistas internacionales y, en algunos casos, presión política y económica por parte de otras naciones.
Sin embargo, y a pesar de lo anteriormente descrito, existe la opción de no pagar la deuda, lo que podría liberar recursos para invertir en servicios públicos, programas sociales o infraestructura, potencialmente generando mejoras internas en la economía y calidad de vida de la población. No obstante, esto también depende de las políticas y decisiones internas que un gobierno adopte para manejar esa situación.
Aunque no pagar la deuda es considerado una «abominación» por los economistas neoliberales que pugnan por recortes, empobrecer a la clase media, sacrificios que sangran al pueblo y adquirir más deuda, lo cierto es que no pagar deuda debería ser considerada una opción para salir del endeudamiento, el subdesarrollo y la miseria.
