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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Lo que preocupa más allá de identificar repuntes de agresiones por circunstancias o fechas especiales, es que podemos estar frente a un escenario que normalice las agresiones a personas defensoras y periodistas”, dijo Gabriela Colocho, del Servicio Social Pasionista (SPASS) integrante de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos.
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos presentó su segundo Informe de Agresiones contra Personas Defensoras y Periodistas: Análisis de casos 2022, como aporte al diálogo social, evidenciar la “crisis democrática que atraviesa el país”, y de la necesidad de contar con datos estadísticos que permitan a la población contar con un panorama claro sobre la realidad nacional.
La información presentada proviene de dos fuentes de información: registro directo de casos de violación a derechos que son documentadas por las organizaciones sociales, que suman 182 casos. Y el monitoreo de medios de comunicación que reportaron 82 casos, que comparten como raíz común “un patrón de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, organizaciones y periodistas”, que afecta la integridad física y psicológica de estas personas.
“El proceso electoral podría ser, a futuro, un detonante en los niveles de agresión a personas defensoras y periodistas en el ejercicio de sus derechos de informar. Lo que haremos es ir tomándole el pulso a las nuevas denuncias y las que pueden surgir en ese contexto, para denunciar “, sostuvo Colocho.
Los derechos humanos son reconocidos por el Sistema de Naciones Unidas como “normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos”, por tanto, la Mesa DDHH señala su preocupación por esta modalidad de agresiones, amenazas e intimidaciones por realizar el trabajo de defensa de estas prerrogativas de la población.
La Mesa señaló las amenazas, intimidaciones y agresiones que rayan en el “ciber acoso” o “ciberbullying”, en especial a las mujeres defensoras y periodistas. A las que se suman a las reformas a las leyes y la creación de marcos normativos restrictivos con las libertades de información y expresión, que dificulta el trabajo de las personas defensoras.
“Ahí está la Ley de Agentes Extranjeros, más allá que aún no ha sido aprobada, ya existen otras medidas, incluso, administrativas como el Instructivo de la Fiscalía (Unidad de Investigación Financiera/UIF) que no deberían tener el peso legal que tienen en este momento, que está imponiendo de alguna manera trabas tributarias que no todas las organizaciones podrán sostener”, advirtió.
“Todas estas acciones legales y normativas que pueden estar emitiendo tendrán un impacto en el ejercicio al derecho a la libertad de expresión, de reunión y de libre asociación. Y justamente en un escenario del debilitamiento y la crisis democrática que tenemos en el país y esto es preocupante por la discriminación y criminalización de liderazgos comunitarios, organizaciones y periodistas que realizan su labor”, sostuvo Colocho.
En cuanto a las cifras Nataly Paz, integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y de la Mesa DDHH detalló que la constante descalificación de la labor realizada por personas defensoras de derechos humanos, que provienen de funcionarios del Estado, fortalece y genera mayor estigmatización creando un clima de intolerancia y estigmatización.
“El primer análisis realizado corresponde a la variable de género e identidad y/o expresión de la persona afectada. De los 182 casos documentados, el 47.80% de las agresiones se cometieron contra mujeres cisgénero; un 27.47% a hombres cisgénero y un 20.87% como casos colectivos, 38 en total, que ante la imposibilidad de individualizarlo”, señaló.
“Las mujeres defensoras y periodistas es el grupo más vulnerable, prácticamente 5 de cada 10 agresiones son dirigidas contra nosotras. Las agresiones cometidas contra las mujeres cisgénero y mujeres trans en comparación de las agresiones cometidas contra hombres cis género da cuenta del contexto misógino en que las defensoras, activista y periodistas realizamos nuestra labor”, acotó Paz.
En cuanto a los “espacios de ocurrencia de estos casos”, Paz, explicó, que un 56.60% de las agresiones ocurrieron en espacios físicos públicos y privados. Mientras un 43.40% ocurrieron en el entorno digital. Los datos del monitoreo de los medios muestran que del total del registro 89.02%, estos ocurrieron en entornos digitales, en su mayoría en la red twitter.
“Los derechos más vulnerados fueron a la integridad (66 casos), acoso u hostigamiento (28 casos), agresión física (8 casos), amenazas o ultimatúm (10 casos), intimidación (6 casos), uso excesivo de la fuerza (2 casos), violencia sexual (2 casos), amenaza criminalización (1 caso) y seguridad digital (50 casos) seguido de ataque digital con 17 casos, entre otras agresiones, manifestó.
Mientras, sobre el perfil de las personas perpetradoras, Paz indicó que el análisis realizado les ha permitido definir 3 caracterizaciones de este tipo de agresores, el primero esta referido a funcionario o empleados públicos, en donde un 38.5% corresponden los señalamientos. Y un 17.03% fueron para elementos de seguridad o fuerzas de seguridad pública, que suma un acumulado de 55% de agresiones cometidas por parte del Estado salvadoreño.
“Entre del perfil del funcionario responsable de la agresión, está la Policía Nacional Civil (40 casos), diputados (16 casos), Soldado (8 casos), vicepresidente de la república (4 casos), Director o Jefe de institución públicas (4), ministros (2 casos) , secretario de prensa (2 casos), presidente de la república (2 casos)”, subrayó.
“Los datos del monitoreo señalan a 52 perpetradores siendo los más recurrentes la figura del presidente de la república (Nayib Bukele), con un total de 42.30% de estos registros siguen los diptutados /as con un 32.7%, y en menor proporción otros funcionarios. Y siguen recurriendo a dos tipos de agresión difamación o descrédito (17) y la estigmatización (12)” mencionó.
Gladys Larín, de FESPAD y de la Mesa DDHH, señaló que el informe evidencia la “persistencia” de un patrón de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, organizaciones y periodistas, por lo que, era importante unirnos para defender la integridad y la vida de quienes ejercen esta labor. “Es importante considerar también que mucha información continúa centralizada y no ha sido posible generar mejores condiciones para que desde el territorio se pueda documentar las agresiones y puedan generarse mecanismos de respuesta oportunos”, expresó.
“El contexto de este informe ha estado marcado por un escenario de crisis, la aprobación y permanencia del Régimen de Excepción ha puesto de manifiesto, que más allá de la seguridad pública, el Estado ha instrumentalizado estas medidas para limitar las libertades como el caso de los cinco ambientalistas de Santa Marta y ADES”, consideró.
El informe de la Mesa DDHH identificó 10 derechos vulnerados y un total de 29 modalidades de agresión que a la luz del análisis identifican que del total de agresiones documentadas (328 casos) son las mujeres defensoras y periodistas quienes siguen siendo las principales víctimas representando un 50% de estas denuncias.
“Existe un debilitamiento del espacio cívico -es decir- esas libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y es por esto que debemos estar alertas de todos estos marcos regulatorios o acciones que traten de impulsar para tratar de alguna manera pronunciarnos y denunciar estas situaciones de manera colectiva y unida”, agregó.
“Es preocupante porque en estos primeros meses del año 2023, la situación de violencia contra los defensores de derechos humanos, es casi similar al anterior (2022) agresiones que van en aumento en un año preelectoral. Y por las condiciones en las que nos encontramos en estos momentos como las capturas de los sindicalistas, de defensores de medio ambiente en sus territorios, elevamos la voz para la Comunidad Internacional, este pendiente de esta situación”, concluyó Larín.
