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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Hasta nuevo aviso nos vamos a reunir”, fue la última frase que escuchó hace once meses, Carmen Hernández, vicepresidenta de la junta directiva de la Mesa Rural de Mujeres, de la persona encargada de facilitar la comunicación con el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Pablo Salvador Anliker. “Antes nos entendíamos excelente con el (ex) ministro Orestes (Ortez), después, nos entendíamos con la encargada de la Unidad de la Mujer, y ella pues, no nos daba respuesta a nuestras demandas, porque ella no tiene acceso a tomar decisiones. Fueron cuatro peticiones las que hicimos al ministro (Anliker) y no nos atendió, y nos dejaron invisibilizadas y con la pandemia del COVID-19, pues ha sido peor”, señaló.
Carmen, originaria del municipio de El Paisnal, vive en la comunidad Dimas Rodríguez, y junto a 45 mujeres que integran la Mesa Rural de Mujeres, de los territorios de Sonsonate, Santa Ana, San Miguel, San Vicente y La Paz, denunciaron haberse quedado a la “intemperie”, en cuanto a planes gubernamentales para estimular el desarrollo de la población y específicamente las mujeres campesinas, rurales e indígenas.
“Hemos tratado de coordinar y nos dicen que es por la pandemia, pero nosotras teníamos proyectos pendientes con ellos (MAG), como dar seguimiento a los programas ya implementados, como la incubadora y 150 gallinas para que las mujeres fueran administrando sus pequeñas granjas, vender sus productos y ellos se comprometieron a darnos un molino para que las mujeres prepararan su concentrado casero, pero no dieron una respuesta, son diez peticiones y nada. Nos mandaron al programa Nuevo Amanecer y tampoco nos dan respuesta; proyectos como estos o de apicultura que se tenían ya no hay nada. Y si buscamos salud en Ciudad Mujer, ya no tiene medicamentos, estamos en total desamparo”, sostuvo Carmen Hernández.
La Alianza por la Defensa de Mujeres Rurales, que concentra a las organizaciones: Las Mélidas, FECORACEN, CCR, IMU, CRIPDES y MSM, demandaron del Gobierno del presidente Nayib Bukele dar continuidad a programas, proyectos y políticas a favor de las mujeres campesinas, rurales e indígenas y priorizar presupuestos para realizar acciones en concreto.
Zulma Hernández -vicepresidenta de CRIPDES- señaló que las medidas que el Gobierno anunció en el Plan de Respuesta y Alivio Económico, que vendría a reducir en parte la crisis social y económica, terminó convirtiéndose en una serie de medidas tratadas con irregularidad, gestiones poco transparentes y un número alto de víctimas por COVID-19, así como, capturas y atropellos a derechos humanos.
“Las medidas implementadas desde el confinamiento obligatorio, el impacto en las mujeres y sus familias no lo contemplaron, con un sistema educativo, porque han improvisado desde el Ministerio de Educación, porque no han resuelto las necesidades del uso de plataformas virtuales, a la que no todos tienen acceso. La atención a 3.4 millones de personas, muchas que perdieron sus empleos y otras que se quedaron sin sus emprendimientos de subsistencia afecto duramente en más seis meses y la atención de salud a enfermedades crónicas, terminales, degenerativas o controles prenatales, fueron descuidados por atender solo el COVID-19 19, lo que traerá consecuencias a mediano o largo plazo”, explicó.
Asimismo, la Alianza por la Defensa de Mujeres Rurales denunció el incrementó de la violencia en mujeres, citando cifras de ORMUSA, que reportó del año recién pasado un total de 84 feminicidios; de los cuales 56 fueron cometidos entre abril y agosto de 2020, en plena cuarentena domiciliar por el COVID-19 19, que expone la vulnerabilidad de las mujeres en lugares públicos y privados como sus hogares. “Como Alianza por la Defensa de Mujeres Rurales, también nos pronunciamos por el ataque terrorista cometido por agentes del Estado, contra una caravana del FMLN, que terminó con la muerte de dos personas, generando una situación de incertidumbre y temor, por la escalada de violencia y propaganda sucia con amenazas, mensajes de odio e intolerancia, que se vio reflejada en el asesinato de Gloria Rogel de López y Juan de Dios Tejada, que fueron acribillados el pasado domingo 31 de enero y esperamos que la Fiscalía y la PNC investiguen a fondo este caso y llegar a los responsables intelectuales”, manifestó Zulma Hernández.
Entre las exigencias de la Alianza por la Defensa de las Mujeres Rurales, se encuentra la “reforma fiscal inclusiva”, señaló Maydheé Recinos, del IMU, a fin de garantizar presupuestos viables para el desarrollo de políticas y programas integrales de fomento a la agricultura y acceso a medios de vida, que contemplan los derechos fundamentales de cada ser humano.
Sobre las mujeres que viven en la zona rural, Recinos consideró importante que se fortalezca el cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer, desde cualquier instancia de Gobierno, así como de la sociedad en general.
“Exigimos que el Estado asigne recursos al ISTA para compra de tierras y dotar al menos media manzana a mujeres productoras en las comunidades, y principalmente, las que se encuentran organizadas en las diferentes estructuras a nivel local. Territorializar las políticas públicas, en favor de las mujeres rurales, las que deben pasar por el marco legal del derecho a la alimentación y el reconocimiento a las mujeres como productoras agropecuarias, así como, entrega de tierra para las mujeres y cobertura educativa a todos los niveles para las mujeres de la zona rural”, puntualizó Recinos.
