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Patricia Rodríguez
@DiarioCoLatino
En su lucha por el respeto a los derechos humanos, las organizaciones mencionaron que deben reunirse con todos los actores involucrados para garantizar una plena participación, lo cual no ha ocurrido a la fecha.
Manuel Escalante, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, comentó sobre la importancia que juega la participación de las víctimas y sociedad civil. “Se vuelve una acción ineludible, porque se pueden crear marcos legales, justos y congruentes, para sanar el sufrimiento que han padecido por décadas”, dijo Escalante.
También, las organizaciones mencionaron que esta iniciativa legislativa debe enmarcarse en un análisis técnico-jurídico, respecto a las obligaciones que emanan de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, así como los estándares del Sistema Interamericano y de otros organismos de protección a los derechos humanos.
Eduardo García, representante de la organización ProBúsqueda, comentó que “una forma de dar satisfacción a las víctimas es retomar la propuesta de Ley de Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado, que las organizaciones y estas víctimas propusieron a la Asamblea Legislativa el 30 de agosto de 2017”.
De acuerdo con Escalante, esta propuesta ha sido engavetada por la Asamblea por casi un año. “Han dejado dormir iniciativas de las mismas víctimas y esta propuesta de ley está en la Comisión de Derechos Humanos, ni el periodo legislativo pasado ni el actual ha discutido esta ley”, agregó Escalante.
“Para garantizar una reparación efectiva de las víctimas es necesario que sea a satisfacción de las víctimas, a satisfacción de los demandantes, eso implica una interlocución con estas personas en toda esta comisión”, concluyó García.
En la segunda audiencia se ha convocado la presencia del Presidente de la República y el ministro de Defensa.
En 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional varios artículos de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en 1993, por lo que han quedado abiertas las investigaciones por parte del Estado, de crímenes cometidos tanto por la Fuerza Armada como por la insurgencia, durante el pasado conflicto armado.
