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Andorra la Vieja/AFP
El sector bancario del principado de Andorra está en el ojo del huracán, y su primera víctima
internacional es una filial española de la Banca Privada de Andorra (BPA), después de las acusaciones estadounidenses de blanqueo y vínculos con la mafia.
Uno de los altos directivos de la BPA, Joan Pau Miquel Prats, fue imputado el lunes de blanqueo y de tener relaciones con la mafia china, y encarcelado.
En ese contexto, las autoridades de Andorra, pequeño principado enclavado entre Francia y España, pasaron al frente para dar garantías sobre la solvencia del país. Ante esta «situación extraordinaria», se tomaron diversas medidas con el objetivo de «preservar la plaza financiera andorrana», anunció a la prensa el ministro de Finanzas, Jordi Cinca.
En España, Banco Madrid, filial de la BPA, se declaró en suspensión de pagos a raíz del «fuerte deterioro de la situación financiera» como «consecuencia de las importantes retiradas de fondos de clientes que se han producido y de los últimos acontecimientos conocidos, que han afectado a su capacidad para hacer frente al cumplimiento puntual de sus obligaciones», informó el Banco de España, que tomó el control de Banco Madrid el 10 de marzo.
Ese establecimiento, filial a 100% de la BPA desde 2011, se especializa en la gestión de fortunas, con unos 15.000 clientes privados e institucionales en España, y administrador de 6.000 millones de euros de activos. Sus actividades fueron suspendidas.
Calmar el pánico
En Andorra, donde la BPA es administrada desde el 10 de marzo por tres personas nombradas por el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF, el Tesoro), el pánico cundió el lunes entre la clientela. Largas filas de personas furiosas trataron de retirar sus fondos y cerrar sus cuentas, constató la AFP.
Pero el banco limitó los retiros a 2.500 euros por persona, por cuenta y por semana, confirmó Cinca.
Los accionistas, que representan el 82% del capital de la BPA, afirmaron el lunes en un comunicado que «no existe problema de solvencia» en el banco.
Agregan que desean «encontrar las mejores soluciones en el más breve plazo». Para ello, junto con el INAF, que destituyó al consejo de administración de la BPA, piden una reunión con todo el sector bancario andorrano.
Cinca recalcó la solvencia de los otros cuatro bancos del principado, que cumplen todas las normas internacionales de intercambio de información: Crédit Andorrà, Morabanc, Andbank et Banc Sabadell d’Andorra.
El ministro recordó asimismo que desde la firma en 2009 de las primeras convenciones de intercambio de informaciones fiscales, el gobierno se comprometió a la transparencia y a la prevención del blanqueo. De la misma manera, subrayó que el principado es regido por la regulación internacional.
El 13 de marzo, la agencias de calificación financiera Standard and Poor’s y Fitch bajaron la nota de Andorra, respectivamente a BBB y B+, con una «vigilancia negativa».
Este escándalo se produce en momentos en que el país realizó elecciones legislativas hace dos semanas y está a la espera de la formación del nuevo gobierno. En principio, éste no cambiará mucho, dado que el partido de Antoni Marti conservó la mayoría absoluta en esos comicios.
A primeros de mes, la Red contra delitos financieros (FinCEN), organismo dependiente del Departamento del Tesoro norteamericano, calificó a la BPA de «entidad sometida a ‘preocupación de primer orden’ en materia de blanqueo de capitales».
«Altos dirigentes corruptos de BPA, así como controles contra el blanqueo demasiado laxos, transformaron a BPA en un intermediario fácil para quienes blanquean dinero con el objetivo de hacer pasar por el sistema financiero estadounidense los ingresos provenientes del crimen organizado, de la corrupción y del tráfico de seres humanos», afirmó en un comunicado la directora de la FinCEN, Jennifer Shasky Calvery.
Además de España, la BPA está presente en Panamá, Luxemburgo, Suiza y Uruguay.
