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Villamayor mostró documentos en los cuales Javier Troconis –designado ilegalmente por el autoproclamado presidente encargado para ‘recuperar activos’ en el extranjero- accedía a la oferta del Ejecutivo paraguayo de reducir en un 50 por ciento la deuda adquirida, reseñó el portal de investigación y análisis Misión Verdad.
En total, Petropar pagaría solo 160 millones de dólares, al contado y sin intereses, precisó el funcionario como parte de su interpelación ante la Cámara de Diputados del Congreso (Parlamento) de Paraguay el jueves último.
Los legisladores convocaron a una sesión para exigir al jefe de Gabinete explicaciones sobre el secretismo de las reuniones, las cuales salieron a la luz pública en una investigación de The Washington Post publicada a principios de enero, acerca de las gestiones de Guaidó para apoderarse de los recursos de Venezuela en el extranjero.
Petropar adquirió la deuda con Pdvsa durante el gobierno del expresidente Fernando Lugo, y en 2011, ambas entidades acordaron un nuevo cronograma de refinanciación.
Tras el golpe parlamentario ejecutado contra Lugo, los gobiernos siguientes han intentado desconocer los compromisos adquiridos con la estatal petrolera venezolana, recordó Misión Verdad.
Otra controversia derivada del escándalo de corrupción giró en torno al pago del abogado argentino Sebastián Vidal, contratado por el grupo de Guaidó, que se eximió de las responsabilidades sobre el desembolso de 26 millones de dólares en honorarios, no por comisión.
El 23 de enero de 2019 el entonces diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, en acto de usurpación apoyado por la administración estadounidense de Donald Trump que abrió las puertas al bloqueo y despojo de miles de millones de dólares en bienes y activos del Estado venezolano en el exterior.
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela instaló esta semana una comisión especial para investigar los delitos y actos de corrupción perpetrados por la directiva opositora liderada por Guaidó durante la anterior legislatura.
El comité parlamentario establecerá áreas de investigación en los ámbitos político, social y económico, incluida la interpelación de los representantes del Ministerio Público y el poder judicial.
