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Santiago de Chile/AFP
Una investigación sobre delitos tributarios destapó un escándalo político en Chile, ed que involucra a uno de los principales grupos económicos del país y salpicó al mayor partido de la derecha opositora.
Después de seis meses de investigación, sale la Fiscalía anunció la noche del jueves que formalizará por soborno y delito tributario a los dos controladores del grupo Penta, healing Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños de bancos, aseguradoras, clínicas y firmas inmobiliarias, con activos que bordean los 20.000 millones de dólares.
Otros tres ejecutivos del holding también serán imputados junto a Pablo Wagner, exviceministro de Minería del gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), acusado de cohecho y lavados de activos por recibir pagos de Penta mientras se desempeñaba en el cargo.
Délano y Lavín admitieron haber cometido «errores e irregularidades» dentro del manejo contable de sus empresas, por medio de las cuales pagaban a familiares y financiaban campañas políticas contra la entrega de boletas de honorarios por servicios no prestados a la compañía.
A través de estas boletas «ideológicamente falsas», como lo estipula la legislación tributaria chilena, lograban agregar gastos a la contabilidad del holding y con ello descontar el pago de impuestos. Hasta ahora el grupo ha restituido al Fisco unos cuatro millones de dólares de lo defraudado más multas e intereses.
Génesis del escándalo económico y político
Lo que se inició a mediados del año pasado como una investigación tributaria sobre una red montada por un exfuncionario del Servicio de Impuestos (SII) para defraudar al Estado derivó insospechadamente en uno de los mayores escándalos políticos y económicos de los últimos años en el país.
La investigación sobre la red -compuesta por unas 100 personas que alteraban declaraciones de impuestos ante el SII para recibir devoluciones indebidas hasta ahora estimadas en unos 4,2 millones de dólares- llegó hasta Hugo Bravo, gerente general de Penta, lo que llevó al SII a poner sus ojos sobre este poderoso grupo económico.
Acorralado por la investigación y en busca de colaborar con la Justicia, Bravo reveló que sus jefes descontaban impuestos a través de boletas falsas emitidas por sus esposas además de otros familiares, y usaban esta misma fórmula para financiar de manera irregular al principal partido político de la derecha chilena, la Unión Demócrata Independiente (UDI), y las campañas de varios políticos.
Fue así como quedó al descubierto una irregular forma de financiamiento de campañas políticas que involucra hasta ahora a dos senadores, Ena von Baer e Iván Moreira, y los excandidatos presidenciales Andrés Velasco y Laurence Golborno, junto al actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que compitió por un cupo en el Senado en las elecciones pasadas.
«La controversia está en que nosotros creemos que esos hechos constituyen infracciones a las leyes tributarias y electorales pero no delitos penales, y esta diferencia con la Fiscalía la discutiremos en los tribunales», afirmó el abogado de los controladores de Penta, Julián López.
Golborne admitió haber recibido casi 200.000 dólares en aportes de Penta a través de facturas falsas, mientras que el senador Moreira recibió fondos por unos 34.000 dólares. Von Baer habría recibido unos 44.000 dólares.
La legislación chilena permite los aportes de las empresas a las campañas políticas pero éstos tienen un tope y deben realizarse durante un período acotado de las campañas y ser declarados ante el Servicio Electoral.
Aún no se han levantado cargos contra los políticos involucrados. No hay unanimidad entre juristas acerca de las penas que arriesgan, ya que en el caso de los parlamentarios gozan de fuero. Por delito tributario, arriesgan penas los terceros que prestaron sus boletas.
Supuesto cohecho a ex viceministro
En el caso más grave, la Fiscalía imputará los delitos de cohecho y lavado de activos -con una pena de hasta 15 años de cárcel- al ex viceministro de Minería Pablo Wagner, a quien Penta pagó unos 70.000 dólares con boletas de familiares mientras estaba en el cargo.
Wagner, militante de la UDI y extrabajador de Penta, habría intentado favorecer desde su cargo la puesta en marcha de un proyecto minero que llevaba adelante una empresa vinculada con uno de los máximos ejecutivos de Penta.
