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Bogotá / Prensa Latina
Masiel Fernández Bolaños
El Ejército colombiano sigue sacudido en medio del proceso investigativo por posibles hechos de corrupción.
En las últimas horas trascendió que la Fiscalía capturó a nueve personas presuntamente vinculadas a casos de corrupción ocurridos en la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín.
Se trata de cuatro militares activos, un coronel retirado y cuatro civiles, que fueron contratistas de la unidad militar.
Parte de esos procesos están relacionados con los hechos revelados por la revista local Semana en su edición titulada Las Ovejas Negras.
En ese material se relataron supuestos actos de corrupción del general Jorge Romero cuando comandó la Cuarta Brigada, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017.
Las denuncias iban desde la conformación de un supuesto cartel para la venta de salvoconductos de armas que pudieron caer en manos de delincuentes, hasta los posibles malos manejos de millonarios recursos destinados al mantenimiento de vehículos, a la compra de combustible, entre otros, acorde con información divulgada por la revista.
El 10 de julio último, el Comando del Ejército Nacional de Colombia confirmó a través de un comunicado el arresto de 12 militares activos comprometidos en actividades irregulares.
Los militares, acusados de falsificación de documentos e incumplimientos de los requisitos legales exigidos para el cambio de arma, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, señaló el texto.
Dentro del personal se encuentran un sargento viceprimero, siete sargentos segundos, dos cabos primeros y dos cabos segundos.
Según diversas opiniones, estas detenciones llevadas a cabo en las ciudades de Puerto Asís (sur), Nilo (centro), Neiva (sur) y Bogotá, tienen lugar en el contexto de la purga dentro del Ejército iniciada con el retiro del servicio de un general.
Ese mismo día, el Ministerio de Defensa anunció la separación del cargo del general Romero, comandante de Acción Integral del Ejército, tras la revelación de presuntos hechos de corrupción.
Romero es señalado de formar parte de una red de corrupción dentro del Ejército y habría obtenido hasta 312 mil dólares por cobro de sobornos por permisos para el porte de armas a particulares y empresarios, según la Procuraduría.
Sin embargo, el Ejército es noticia hace varios meses, sobre todo desde el pasado 18 de mayo cuando el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo titulado ‘Las órdenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales’, sobre el presunto regreso de los llamados falsos positivos al país (muertes de civiles registradas como caídas de guerrilleros en combate).
Luego de la publicación del periódico The New York Times, la agencia estadounidense Associated Press (AP) dio a conocer presuntas nuevas evidencias que comprometerían al Comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en pagos en 2005 a informantes que terminaron en cuentas de militares condenados por falsos positivos.
Pese a toda esa situación, el último proyecto de ley del paquete de medidas anticorrupción amparado en referendo popular se hundió en el Congreso de Colombia el pasado 20 de junio.
Las iniciativas respaldadas por casi 12 millones de personas en consulta popular en agosto de 2018 fueron desestimadas por el Poder Legislativo.
El fin de semana último, al referirse al tema de la corrupción en un discurso ante el Congreso, el presidente colombiano, Iván Duque, manifestó que ‘somos conscientes que el combate contra los corruptos es una tarea de todos los días donde no nos podemos dar el lujo de detenernos’.
Por eso radicaremos ante el Congreso un nuevo proyecto anticorrupción, concertado con la Fiscalía y las distintas fuerzas políticas, apuntó.
Por su parte, el senador Jorge Robledo, quien ejerció el derecho de réplica en nombre de las bancadas de la oposición, señaló que el presidente Duque le facilitó a su partido atacar la consulta anticorrupción (del año 2018).
‘Una vez que cerca de 12 millones de colombianos la respaldamos en las urnas, hizo el ademán de respaldarla, pero en realidad no puso el peso de su poder para hacer que las fuerzas políticas que lo eligieron la aprobaran en el Congreso’, señaló.
