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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Diversos escritores manifestaron su descontento por la reforma a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural que Nuevas Ideas aprobó hace unos días, ya que es con el fin de “fomentar el abuso y saqueo del tesoro nacional salvadoreño”.
Para el gremio de escritores, lo anterior, va en detrimento del artículo 1 de la Constitución de la República, que obliga al Estado a “asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. La enmienda propuesta otorga al poder Ejecutivo, a través de la nueva Dirección de Trámites de Construcción (DTC) la facultad de tomar decisiones expeditas sobre bienes culturales. Estas decisiones abarcarían aspectos como su clasificación, desclasificación, expropiación, concesión, extracción y hasta su posible destrucción, según lo estipulado en la reforma al artículo 42 de la Ley Especial. El referido artículo reformado señala que un bien inmueble monumental, declarado cultural podrá ser intervenido para su puesta en valor, en consideración del alto tráfico de usuarios del mismo, su mantenimiento, y el uso y goce de la población salvadoreña, siempre y cuando el inmueble este en posesión del Estado de El Salvador. “Los inmuebles culturales en posesión de particulares no podrán ser intervenidos sino bajo autorización previa de la Dirección de Trámites de Construcción”.
Y si un Bien Cultural monumental se destruyere o dañare “por caso fortuito o fuerza mayor”, se podrá proceder a su restauración, reconstrucción, remodelación, o demolición de acuerdo a su estructura arquitectónica original, bajo la supervisión de la Dirección de Trámites de Construcción, con la opinión del Ministerio de Cultura cuando corresponda.
“Consideramos que estas determinaciones cruciales sobre la cultura y el patrimonio nacional deberían ser tomadas por expertos técnicos como arqueólogos, historiadores, arquitectos o museólogos, y no basarse en criterios políticos como sugiere la reforma propuesta. Esta modificación pone en grave riesgo la preservación adecuada del patrimonio cultural del país”, consideraron los escritores.
Los profesionales que suscribieron dicho pronunciamiento fueron: Carlos Bucio Borja, escritor, antropólogo y analista, Mario Castrillo Pineda, escritor y analista de arte, Miguel Ángel Chinchilla Amaya, escritor y editor, Álvaro Sermeño, pintor, antropólogo y catedrático, Alfonso Fajardo, poeta, ensayista y abogado y el poeta Rainier Alfaro.
Para las personas antes mencionadas, esa reforma se da en un contexto “preocupante” para el sector cultural del país ya que se han reportado “alteraciones significativas” en el Palacio Nacional, patrimonio del pueblo salvadoreño. También, Francisco Zúniga (artista plástico que descubrió dónde tiraron las baldosas del Palacio Nacional y luego denunció el hecho en redes sociales) ha denunciado presunta persecución política tras cuestionar lo que describe como intervenciones indebidas en el Palacio Nacional.
A ello sumándole los más de 300 despidos en el Ministerio de Cultura, presuntamente, por razones relacionadas con su orientación sexual, su apoyo a la diversidad sexual, o sus visiones ideológicas. Además, los escritores plantearon que se ha informado sobre el cierre de varias Casas de la Cultura en el país, lo que representa un retroceso en materia cultural. “Esta situación no solo atenta contra el patrimonio cultural, sino también los derechos humanos y laborales de cientos de trabajadores, componente fundamental del bienestar económico protegido por nuestra Carta Magna”, sistematizaron los escritores.
“Como intelectuales, poetas, prosistas, científicos sociales y otros trabajadores de la cultura, expresamos nuestra preocupación por estas medidas que podrían afectar negativamente nuestro patrimonio cultural”, añadieron.
En ese sentido, hicieron un llamado a otros profesionales y trabajadores de la cultura como arqueólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores, escritores y demás, a pronunciarse sobre estos temas cruciales para el futuro del patrimonio cultural y los derechos fundamentales.
