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Tegucigalpa / Prensa Latina
Escuadrones de la muerte pueden estar operando en el sur de Honduras con el objetivo de desarticular la disidencia política contra el gobierno de Juan Orlando Hernández, publicó el diario La Prensa.
La ciudad de Choluteca se convirtió en noviembre de 2017 en una zona de intensas protestas ciudadanas que se realizan los miércoles y sábados de cada semana.
Las demandas comenzaron contra el fraude electoral que llevó al poder a Hernández, pero luego se fueron incluyendo temas como la corrupción en el Hospital del Sur, altos costos de la energía y las violaciones de los derechos humanos, entre otros.
Como respuesta el gobierno envió fuerzas militares y policiales que ejercen represiones masivas cada vez que las personas se manifiestan en las calles.
Los aparatos de inteligencia emplazados son una acción sin precedentes en un departamento que a lo largo de la historia había votado por el Partido Nacional en el Poder, y de allí es la procedencia del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y otros diputados.
Según la prensa, los crímenes se agudizaron contra integrantes de la disidencia o sus familiares y las acciones de criminalización contra los marchistas y otros defensores de derechos humanos.
Los escuadrones de la muerte son integrados por paramilitares que realizan asesinatos selectivos contra un determinado colectivo como parte de la llamada guerra sucia.
Estos grupos organizados se dedican a realizar amenazas, robos, sabotajes, secuestros, torturas, asesinatos y atentados para combatir la oposición política fuera de los márgenes de la legalidad.
En la década de 1980 operaron con mucha fuerza en Honduras, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, implementada por Estados Unidos.
De acuerdo con expertos, con el golpe de Estado de 2009 su presencia es más visible. Los crímenes han sido recurrentes y se empezaron a agudizar desde marzo de este año cuando fue asesinado el periodista Gabriel Hernández, quien residía en Nacaome, Valle, cercano a Choluteca, y dirigía el programa ‘El Pueblo Habla’ en dicho lugar.
El 17 de abril, el joven Wilfredo Moncada, de 17 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando se realizaba una manifestación en Choluteca.
Mientras, el 29 de junio, desde un vehículo en marcha le dispararon a Allan Osmani Flores, integrante de la seguridad del alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, en el Barrio La Libertad, un sector donde hay fuerte presencia de militantes de Bastión del Sur, una organización que se formó como consecuencia de las protestas contra Hernández y Oliva.
Aunque la forma de la ejecución de los crímenes es similar y ya se ha convertido en un patrón de ataque contra la disidencia, no se han llevado investigaciones imparciales sobre los hechos, ni tampoco a los responsables a prisión.
