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Iosu Perales
El reciente referéndum celebrado en Escocia ha despertado en muchos lugares del mundo un interés mayor por conocer cuál es exactamente el problema que se plantea en las relaciones entre España y Cataluña. Lo cierto es que la construcción histórica de España, viagra reivindicada por unos y cuestionada por otros, doctor constituye el fondo de un debate que revela la crisis del Estado de las autonomías que fue fruto de la transición democrática tras la muerte del dictador Franco. Pieza clave en la transición, tras décadas de funcionamiento, la autonomía ya no responde a las demandas democráticas de la sociedad catalana, nacionalidad con historia, instituciones, lengua y cultura propias, factores que marcan un hecho diferencial alrededor del cual se ha extendido un sentimiento de pertenencia y toda una simbología nacional. De igual manera se podría hablar del caso vasco.
Ciertamente Cataluña es un territorio diverso (se hablan unas 280 lenguas de todo el mundo) donde nacionalistas y no-nacionalistas conviven en una aceptable armonía. Sin embargo entre las fuerzas sociales y políticas que apoyan la realización de una consulta en las urnas por el derecho del pueblo catalán a decidir su relación con España, el 9 de noviembre, suman una mayoría de más del 70% de la población movida por distintas motivaciones: un grupo está formado por nacionalistas catalanes que aspiran a un Estado propio; otro por quienes rechazando las políticas neoliberales del Gobierno Central de Madrid, piensan que en una Cataluña independiente sería más factible un Estado social; un tercer grupo es favorable a la consulta por razones democráticas, y piensa que en un Estado pequeño es más factible la participación y la fiscalización de las políticas públicas (enfoque que incrementa su peso moral habida cuenta la enorme corrupción que afecta a los dos partidos políticos mayoritarios, Partido Popular y PSOE, que viven una verdadera metástasis).
Los tres grupos tienen un cemento que los une: coinciden en un gran malestar por el mal trato a Cataluña por parte del Estado español: a) sentencia humillante del Tribunal Constitucional español sobre el nuevo Estatuto de autonomía que había sido aprobado en 2006 por referéndum e invalidado parcialmente por dicho tribunal en 2010; b) asfixia fiscal y financiera; c) desconsideración persistente de la lengua y cultura catalana; d) amenazas de eliminación de competencias autonómicas…
Podría decirse que salvando las diferencias entre los casos de Escocia y Cataluña, hay un punto que es común a los dos países: la insatisfacción con los grandes Estados al que pertenecen (Reino Unido y España). Desde luego las diferencias en el tratamiento del problema son notables. Mientras el Gobierno de David Cameron aceptó la realización de un referéndum para saber si el pueblo de Escocia quiere formar un Estado propio, el Gobierno español del presidente Mariano Rajoy se niega totalmente a una consulta, bajo el argumento de que la Constitució0n no lo permite.
La cita del 9 de noviembre centra la gran controversia. Ese día el pueblo catalán está citado a responder en las urnas a dos preguntas: ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? ¿Quiere que este Estado sea independiente? La consulta es apoyada por la mayoría social de Cataluña (7 millones y medio de habitantes), por la mayoría política (66% en el parlamento autonómico), y ha sido firmada por el presidente Artur Mas de acuerdo con Ley de Consultas aprobada por dicho parlamento. Frente a la convocatoria el Gobierno de España del presidente Mariano Rajoy (Partido Popular) niega rotundamente que la consulta se vaya a celebrar y lo hace anclado en el principio de legalidad constitucional, de acuerdo con una interpretación restrictiva. Posición muy diferente a la del gobierno conservador del Reino Unido que en boca de su primer ministro David Cameron ha reconocido: “Pude bloquear la consulta de Escocia, pero no lo hice por una razón, soy un demócrata”. Así, mientras en el caso escocés el gobierno de Londres ha considerado que no puede permanecer indiferente ante la reclamación secesionista de una gran parte de la población y optó por armonizar esa demanda legítima y la del conjunto del país, escogiendo la vía democrática, en el caso catalán se muestra un claro déficit democrático y se opta por la amenaza (el Gobierno central podría suspender la autonomía catalana) y la represión (Artur Mas podría terminar en la cárcel).
El asunto se hace más complejo si tenemos en cuenta que eminentes juristas españoles, como por ejemplo Rubio Llorente, consideran que el Gobierno de Cataluña puede hacer una consulta de esta naturaleza dentro de la Constitución. Bastaría con una interpretación flexible de determinados artículos. Lo que ocurre es que las dos grandes fuerzas políticas españolas, Partido Popular y Partido Socialista (PSOE) no quieren ni oír hablar del derecho a decidir de las nacionalidades (Cataluña, País Vasco y Galicia) que piensan que podría ser el primer paso hacia un secesionismo. Ambos partidos dominan el Tribunal Constitucional que ya ha suspendido cautelarmente la consulta del 9 de noviembre a requerimiento del Gobierno central del PP. Pero, lo que está de fondo es un debate muy recurrente: ¿qué es antes, la ley o la democracia?
El enfoque conservador de la democracia quiere reducirla a la legalidad, en tanto que un enfoque progresista entiende que las leyes emanan del ejercicio democrático del pueblo y el parlamento elegido, y por consiguiente pueden ser cambiadas si hay voluntad política.
El proceso soberanista catalán, tiene un indudable apoyo político en Cataluña, pero lo más significativo es que es la ciudadanía la que ha asumido el liderazgo del proceso. El pasado 11 de septiembre millón y medio de personas reivindicaron en Barcelona el derecho a decidir el 9 de noviembre. Una nueva generación de catalanes no nacionalistas quieren separarse de un estado español, al que considera rancio, dominante, poco democrático, y en el que la corrupción ha penetrado en todas sus instituciones. Parece difícil que el inmovilismo de Madrid vaya a poder re orientar el problema si no es abriendo un diálogo político con las fuerzas políticas y sociales catalanas. Es posible que la posición del Tribunal Constitucional a pedido del Gobierno del Partido Popular pueda apagar este fuego, pero pronto surgirán nuevos incendios indomables.
