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Iosu Perales
El día 27 de octubre a las 15:38 horas, el parlamento de Cataluña declaró su independencia en forma de República democrática y social. A la misma hora en el senado estatal, en Madrid, se discutía la aplicación del artículo 155 de la Constitución española para intervenir la autonomía de Cataluña y ponerla bajo el control del gobierno central. Al atardecer, el senado votó favorablemente con los votos en contra de nacionalistas catalanes, vascos, y del partido Podemos y sus aliados. En la noche de ese día 27 dos realidades provocaban una montaña rusa de emociones: mientras una multitud ciudadana celebraba su República en calles y plazas de Cataluña, políticos y medios de comunicación unionistas aplaudían la suspensión de la autonomía catalana y especulaban sobre cuáles serían las primeras medidas represivas.
Antes, en la mañana del viernes 27, hubo intentos intensivos de mediación para hacer del diálogo y la negociación las herramientas democráticas que deberían prevalecer. En esos momentos, el presidente Carles Puigdemont, ofreció unas elecciones anticipadas en Cataluña si el senado no votaba el 155. En ese caso no proclamaría la República. La respuesta del Gobierno centralista del derechista Mariano Rajoy fue un rotundo no, ya que solamente contemplaba la suspensión de la autonomía y la disolución del parlamento y gobiernos catalanes, así como el control de las cuentas y de los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica). Además, el presidente español Mariano Rajoy, anunció la celebración de elecciones autonómicas el 21 de diciembre, usurpando una facultad que es exclusiva del presidente catalán.
La aprobación de la República obtuvo 71 votos a favor, 10 en contra y dos en blanco, siendo la mayoría absoluta 68 de los 135 escaños. El voto fue secreto y no participaron en la votación 38 diputadas y diputados de la oposición.
Este escenario ha tenido a partir del lunes 30 un desarrollo acelerado. Pero sobre todos los demás, tres hechos son principales: la destitución por el gobierno central de más de cien altos funcionarios del disuelto Gobierno de Cataluña; la iniciativa del fiscal general, de José Manuel Maza, de poner una querella por rebelión y sedición contra la Mesa del cesado parlamento y los miembros del Gobierno; el viaje de Puigdemont a Bruselas, acompañado de otros siete miembros de su gobierno, desde donde ha dado una rueda de prensa ante 200 periodistas de todo el mundo anunciando que no regresará a Cataluña hasta que haya garantías de una justicia independiente.
Precisamente, la decisión del fiscal general de acusar de rebelión y sedición al presidente y ministros de Cataluña, así como a la Mesa del parlamento, ha levantado un debate entre juristas y políticos del PP y del PSOE (otro de los valedores del 155). Para los primeros todo vale con tal de ejercer venganza, mientras que entre los segundos pocos se atreven a dar su apoyo al fiscal ante la barbaridad de sus acusaciones contra quienes han liderado movimientos pacíficos y democráticos en las calles y ante las urnas el 1 de octubre. Y es que la Constitución española solo prevé tales delitos en caso del uso de violencia, algo que nunca ha ocurrido pese las continuadas provocaciones de Madrid y de sus cuerpos policiales estatales. Para sortear esta condición, al fiscal general no se le ha ocurrido otra cosa que afirmar que las manifestaciones multitudinarias, por su número indeterminado de participantes, “eran un riesgo potencial de violencia”. Semejante calificación de los hechos da la medida de cómo la división de poderes en España ha muerto. Lo que funciona es una maquinaria política que trata de infligir a Cataluña una derrota para varias generaciones. Hay que recordar que este fiscal Maza, fue reprobado por el Congreso de los Diputados el día 16 de mayo de este año. Pero ni dimitió ni fue dimitido, presentando una perfil de ultraderecha.
Por lo que puede saberse, la Unión Europea sigue apoyando la posición del gobierno central, utilizando a Mariano Rajoy como el gran policía europeo que debe impedir una independencia de Cataluña que podría ser imitada por muchas nacionalidades y regiones de diferente países de Europa. Pero, hay un dato más: la UE y algunos gobiernos han exigido a Rajoy la no utilización de la violencia y la apertura de nuevas vías que puedan dar lugar a un diálogo entre las partes. De ahí que, Rajoy, quiera evitar una ocupación alargada de Cataluña y piense que ganando las elecciones del 21 de diciembre se puede restaurar el orden vigente. Tal vez contaba con que las fuerzas independentistas renunciarían a presentar sus candidaturas, pero es un hecho que irán a las elecciones que toman como un plebiscito, una segunda vuelta del 1 de octubre.
En los próximos días los partidos deberán presentar sus candidaturas a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre que por primera vez en la historia de España, desde la muerte de Franco, son organizadas por el Gobierno central siendo su ámbito autonómico. La batalla será enconada. Los unionistas, Partido Popular, Partido Socialista de Cataluña (alcaldes y militantes catalanes se han dado de baja en el partido) y Ciudadanos (un partido de derechas partidario de suprimir las 18 autonomías que conforman el estado español) buscarán vencer en número de votantes y parlamentarios al bloque independentista que, a toda velocidad, trata de definir el formato de sus candidaturas, bien por partido, bien en un marco unitario. Los independentistas confían en volver a ganar y desde ya se preguntan si el gobierno español aceptará los resultados. Es la pregunta del millón y ya, por si acaso, corre el rumor de que en ese caso el 155 tendría continuidad.
Entre tanto en las calles de ciudades y municipios como Barcelona la vida prosigue con normalidad. Justamente, del lado independentista hay un claro compromiso de expresarse pacíficamente sin caer en provocaciones del Gobierno central que ve como a su derecha grupos nostálgicos del franquismo se organizan para ejercer asaltos a locales y golpear a transeúntes que se dejen ver con símbolos catalanes. Este fervor españolista recorrer el estado español y se muestra amenazante, sabedor que cuenta con un gobierno que les da impunidad.
Lo cierto es que la aplicación del 155 revienta la democracia. En Cataluña se conservarán algunos derechos civiles vigilados, pero se ha disparado el tiro de gracia a la democracia definida en base a dos grandes valores como la libertad y la igualdad, ambas íntimamente vinculadas a la participación y al derecho a decidir en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Si el neoliberalismo ha recortado el recorrido de la política, poniéndola al servicio del dinero, ahora, en España, la política se ha reducido a sí misma, abriéndose un escenario de restauración del autoritarismo que dinamita la división de poderes. Montesquieu ha muerto, viva Maquiavelo.
